Colegios particulares piden a Mulino objetar por inexequible el proyecto que crea el sistema digital de créditos académicos

ZETA.- La Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares (APACEP) solicitó al presidente José Raúl Mulino que objete por inexequible el Proyecto de Ley 415, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el pasado 19 de agosto.

La petición fue presentada mediante una nota fechada el 26 de agosto, en la que la organización expone cuestionamientos jurídicos, constitucionales, técnicos y económicos al proyecto que crea el Sistema Digital Universal de Créditos Académicos (SDUCA).

APACEP reconoce que la iniciativa busca modernizar el registro académico nacional y facilitar que los estudiantes tengan acceso a sus antecedentes y créditos académicos. Sin embargo, sostiene que el texto aprobado incorpora disposiciones que exceden ese objetivo y podrían afectar derechos de los centros educativos particulares.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el artículo 1, que amplía la prohibición de retener documentos académicos a situaciones vinculadas con motivos administrativos o financieros.

La asociación sostiene que la legislación vigente, específicamente el artículo 47 de la Ley 285 de 2022, ya contempla mecanismos para proteger la continuidad educativa de los estudiantes. A su juicio, la nueva redacción incorpora conceptos amplios e indeterminados que podrían dificultar establecer qué actuaciones de los centros educativos estarían prohibidas.

APACEP considera que esa falta de precisión podría afectar el principio de seguridad jurídica, al no quedar suficientemente definido el alcance de las obligaciones de las instituciones ni las consecuencias de determinadas actuaciones.

Otro de los puntos planteados corresponde a las obligaciones tecnológicas que establecería el SDUCA para los centros educativos oficiales y particulares. El proyecto contempla que las instituciones registren periódicamente información académica de sus estudiantes y garanticen la compatibilidad e interoperabilidad de sus sistemas con la plataforma nacional.

Según APACEP, esto implicaría para los colegios privados inversiones en software, bases de datos, interfaces tecnológicas, seguridad informática, capacitación y soporte, sin que el proyecto establezca mecanismos de financiamiento o compensación para cubrir esos costos.

La organización advierte que el impacto podría ser mayor en los centros educativos privados de menor tamaño, debido a sus limitaciones económicas y tecnológicas.

APACEP también cuestiona el registro de los convenios de pago suscritos entre acudientes y centros educativos particulares. La asociación sostiene que estos documentos pueden contener información patrimonial y contractual que no necesariamente está relacionada con la certificación académica del estudiante.

Aunque el proyecto remite a la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales, APACEP considera que deberían establecerse salvaguardas específicas sobre el acceso, almacenamiento, conservación y utilización de esa información.

La asociación además señala que el proyecto no precisa cuándo finalizará el período de transición durante el cual los colegios podrán continuar utilizando sus propios sistemas mientras se implementa la plataforma nacional. Según APACEP, esta indefinición podría afectar la planificación de las instituciones.