El gobierno niega existencia de una procuraduría paralela

presidencia.png
Pin It

ZETA.- El gobierno de Panamá negó este jueves que haya montado una procuraduría paralela y armado expedientes contra exfuncionarios del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, acusados de corrupción.

El propio expresidente Martinelli enfrenta varia acusaciones y está detenido mientras avanza un proceso judicial en la Corte Suprema por "pinchazos" o escuchas telefónicas ilegales a opositores.

El diario La Estrella de Panamá publicó sendos reportajes donde reveló, citando fuentes anónimas, que desde la presidencia de Panamá, el Consejo Nacional de Seguridad armó los expedientes de la mayoría de las causas que la Procuraduría adelanta.

La Estrella lo calificó como una procuraduría paralela.

El Consejo de Seguridad fue creado en 1990 en reemplazo del G" (es grupo de espionaje del ejército).

El Consejo opera en la presidencia de Panamá bajo el control del presidente de turno.

El Colegio de Abogados y la Cámara de Comercio pidieron una explicación.

Un grupo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli pidieron la anulación de los casos contra el exmandatario y la destitución de la Procuradora Kenia Porcell.

Antes de ser nombrada por diez años, Porcell trabajó en el Consejo de Seguridad.

El gobierno panameño aseguró en una declaración pública que contrató firmas de abogados locales e internacionales para "recupera lo que fuera posible del patrimonio público apropiado ilegalmente y ordenar la administración pública" por lo cual reunió "apoyo profesional de varias firmas reconocidas de abogados".

Según la declaración oficial, una vez estudiados los casos, se pesentaron las querellas, denuncias y demandas respectivas "ante los organismos competentes".

Insistió el gobierno panameño que en el quinquenio del expresidente Ricardo Martinelli hubo un "latrocinio" por lo que las firmas contratadas permitieron "encontrar soluciones a múltiples problemas, mediante procesos judiciales, arbitrajes y acuerdos dentro y fuera del país".

Las firmas de abogados contratadas, según el gobierno, fueron: Tapia, Linares y Alfaro: Saltarín, Arias y Auditores Jurídicos; Arias, Fábrega y Fábrega; Icaza, González Ruiz y Alemán; y Morgan & Morgan.

A nivel internacional, se precisó, se hicieron de los servicios de Hogan Lovells, Shearman and Sterling; y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Pin It