Panamá eleva su legislación fiscal de acuerdo a estándares internacionales

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ZETA.- El proyecto de Ley Nº 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal y como delito precedente al blanqueo de capitales, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional.

Esta ley castiga al gran evasor que perjudique al Fisco defraudando con intención por más de 300 mil balboas, siendo este un contribuyente con rentas gravables por más de 1.25 millón de balboas anuales.

“Este proyecto, presentado e impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas, no tendrá impacto en la mayoría de los contribuyentes panameños, pues solo 81 personas jurídicas entran en este rango de rentas gravables,” señaló la ministra, Eyda Varela de Chinchilla.

En adición, para mantener la competitividad de Panamá como centro financiero internacional requiere que cumplamos con los estándares que dictan los organismos internacionales en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

En 2012, Panamá cumplía solo con 5 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Gracias a los esfuerzos realizado por numerosos actores durante los últimos cuatro años y medio, ahora Panamá cumple con 34 de las 40 recomendaciones del GAFI.

“El proyecto de Ley Nº 591 hace justicia a los empresarios y trabajadores que cumplen con su país y aporta a través del Fisco para realizar obras sociales, de infraestructura y vitales para el funcionamiento de nuestra sociedad.  Ahora, en cambio, aquellos grandes evasores serán investigados por el Ministerio Público cuando exista evidencia de dolo en una obligación tributaria al Tesoro Nacional” señaló la ministra de Economía y Finanzas, Varela de Chinchilla.

La nueva legislación también le permite al evasor, siempre que regularice sus obligaciones al Fisco, que su falta sea sustraída del ámbito penal.

Al adoptarse en el proyecto de Ley Nº 591 el delito fiscal como un delito penal, y al hacerlo precedente al blanqueo de capitales, el Ministerio Público tendrá la facultad legal de investigar el delito fiscal proveniente de otros países, facilitando en Panamá el grado de cooperación investigativa internacional esperada por parte del Ministerio Público, algo que el GAFI espera de todos los países que observan sus normas y que en la ausencia de esta ley se imposibilitaba.  

En febrero del 2016, este Gobierno logró sacar a Panamá de la Lista del GAFI en un tiempo récord de un año y medio, ya que ingreso a dicha lista el 30 de junio de 2014. 

El estudio del  MEF titulado Análisis Comparativo del Delito Tributario en Panamá y en otros países (2017) evidencia que la defraudación fiscal y el blanqueo de capitales por delitos fiscales existen en todos los países de América Latina y de otras latitudes (contra las cuales Panamá compite en el área de servicios).  El aprobar esta ley evita que Panamá se estigmatice internacionalmente como un país que facilita el delito fiscal en otras jurisdicciones y que sirve de refugio a delincuentes que blanquean dineros producto de estos delitos.

“Al aprobar esta ley, Panamá adopta los mejores estándares internacionales en pro del buen gobierno, la transparencia y la ética”, concluyó la representante del MEF.

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