Relatoría Especial condena asesinato del periodista José Rafael Murúa Manríquez en México

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ZETA.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de José Rafael Murúa Manríquez en México y observa con preocupación la continuidad de la violencia contra periodistas y el riesgo que deben afrontar para desempeñar sus actividades. Esta Oficina llama al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen y otros que se encuentran impunes, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Asimismo, llama a implementar medidas de prevención y garantía para periodistas que se encuentran en situación de riesgo.

De acuerdo con la información disponible, José Rafael Murúa Manríquez, de 34 años, se desempeñaba como director de "Radiokashana" y colaboraba con otros medios; abordaba sobre temas culturales y políticos, entre otros; y también se desempeñaba como activista y defensor de derechos humanos. De acuerdo con lo informado, era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2017.

De acuerdo con la información disponible, familiares habrían reportado que José Rafael Murúa salió a caminar en horas de la noche el 19 de enero, y no volvieron a tener noticias de él. Al día siguiente, en horas de la tarde, autoridades habrían localizado su vehículo y, posteriormente, su cuerpo habría sido encontrado en la Carretera Santa Rosalía, San Ignacio; y presentaría varias perforaciones en el tórax.

Asimismo, de acuerdo con lo informado, el periodista habría denunciado públicamente amenazas y agresiones en su contra en las últimas semanas y habría apuntado contra la administración del gobierno municipal de Mulegé, Baja California Sur. No obstante, no habría informado formalmente sobre estos incidentes al Mecanismo de Protección.

Por otro lado con respecto a este crimen el Estado informó que el Mecanismos Federal tuvo conocimiento, y dio seguimiento, de la amenaza de muerte recibida por el periodista en noviembre de 2018 a raíz de una publicación realizada por el afectado mediante redes sociales. También, informó que el periodista contaba con medidas de protección tales como dispositivo de asistencia con geolocalización con sistema de reacción inmediata, y poseía números de emergencia, e infraestructura en su domicilio.

El Estado también informó a la Relatoría Especial que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra realizando trámites para proporcionar a la familia ayuda con gastos funerarios, acompañamiento jurídico y psicológico.

Igualmente, de acuerdo con la información brindada por el Estado, el gobernador del estado de Baja California Sur condenó el asesinato del periodista y declaró que instruyó a la Fiscalía Estatal a seguir todas las líneas de investigación para esclarecer el crimen. Igualmente, la Secretaria de Gobernación habría solicitado a la Fiscalía General de la República que la Feadle atraiga el caso para la debida investigación y esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, el Estado informó que el titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se comprometió a avanzar en medidas para el fortalecimiento institucional.

Para la Relatoría Especial es preocupante la continuidad de la violencia contra periodistas. En 2018, al menos 12 periodistas fueron asesinados y se denunciaron más de un centenar de agresiones de diversos tipos a periodistas y medios de comunicación.

"Este nuevo asesinato demuestra que en varias regiones de México existen riesgos concretos para el desempeño de la labor del periodismo. El nuevo gobierno debe tomar medidas preventivas y ofrecer todas las garantías para que los periodistas puedan desempeñar su labor; es importante que las más altas autoridades den un mensaje contra este tipo de crímenes y reconozcan la labor de los periodistas", expresó Edison Lanza, Relator Especial.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tras la realización de su visita in loco a México en 2017, junto al Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, subrayó que los ataques contra periodistas en este país "persisten hoy en día, acompañados de un sentido continuo de inseguridad e impunidad. La naturaleza sistemática de esta violencia requiere no sólo medidas individuales específicas sino también medidas de naturaleza estructural".  […] "El cumplimiento por la PGR de su responsabilidad de identificar e investigar los riesgos que enfrentan los beneficiarios debería percibirse como un aspecto esencial de todo programa de protección".

La Relatoría Especial insta al Gobierno mexicano a intensificar las iniciativas de alerta temprana y otras medidas preventivas, en consonancia con sus obligaciones internacionales, tomando en cuenta la naturaleza específica de los riesgos y sus contextos particulares.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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