Renunció la procuradora Porcell

ZETA.- La Procuradora General, Kenia Porcell, anunció este martes, 12 de noviembre, su renuncia al cargo a partir del 1 de enero de 2020, presionado por un escándalo de filtraciones telefónicas.

Los Varelaleaks son la mayor filtración política del país de conversaciones privadas del expresidente Juan Carlos Varela entre los años 2016 y 2018.

Los autores, hasta ahora desconocidos, publicaron las conversaciones de Varela y fotografías, donde también han pláticas con la Procuradora.

Porcell calificó como ilegal las publicaciones y dijo que Varela debe denunciarlas para iniciar una investigación, en declaraciones a Radio Panamá.

La prensa panameña esperaba que Porcell se sometiera a preguntas en una conferencia de prensa, pero las evitó.

La prensa local dijo este martes, que Porcell supuestamente coordinaba y hablaba con Varela de los casos que armaba a opositores y miembros del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

En una conversación, Porcell y Varela hablan de investigar al presidente Laurentino Cortizo, entonces candidato presidencial opositor.

La presidencia panameña dijo que Porcell se reunió con Cortizo para anunciarle su decisión.

El gobierno de Cortizo deben nombrar un nuevo Procurador, para los próximos cinco años.

El Procurador ocupa la posición por diez años.

Durante la gestión de Porcell se investigaron a decenas de funcionarios de la admininistración Martinelli, algunos condenados y otros liberados por fallas en el proceso.

Igualmente, un tribunal de juicio declaró inocente a Martinelli por interceptaciones telefónicas ilegales durante su mandato porque gran número de las pruebas fueron invalidadas y según los jueces no se pudo probar su vinculación al delito.

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All Bank cuestiona cierre de operaciones en Panamá y anuncia pelea legal

ZETA.- El banco All Bank del grupo venezolano BOD, calificó este viernes, 8 de noviembre, como una decisión desproporcionada, la liquida forzoza de la entidad.

La decisión fue adoptada por la Superintendencia de Bancos, tras la intervención de All Bank, el pasado 9 de septiembre.

"Las medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá vulneran el derecho a la defensa de Allbank Corp y, sobre todo, impiden a los depositantes y ahorristas del banco disponer, debida y oportunamente, de sus haberes", precisó All Bank en una declaración.

Comunicado de All Bank

El pasado 9 de septiembre, AllBank Corp fue objeto de una medida desproporcionada y en perjuicio de los depositantes y ahorristas, cuando la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó el cese de operaciones del banco por un período de hasta treinta (30) días prorrogables.

Al cumplirse más de 60 días de esta medida, las autoridades panameñas emiten una nueva resolución que dictamina la liquidación de AllBank Corp.

Es importante destacar que estas decisiones responden al proceso de liquidación solicitado por el Grupo Financiero BOD para su banco en Curazao, Banco del Orinoco NV y que, en su momento, la Junta Directiva de Allbank Corp, mediante comunicación formal, notificó a la Superintendencia de Bancos de Panamá, de la situación acaecida con el Banco del Orinoco NV y su relación con el banco, como instituciones financieras pertenecientes al mismo grupo.

Sin duda, las medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá vulneran el derecho a la defensa de Allbank Corp y, sobre todo, impiden a los depositantes y ahorristas del banco disponer, debida y oportunamente, de sus haberes.

Es de hacer notar que el proceder de la Superintendencia de Bancos de Panamá contradice todos sus actos previos, en los cuales manifestó su conformidad con el estado financiero de Allbank Corp. Este acto es completamente injustificado desde el punto de vista técnico y financiero, ya que la Superintendencia de Bancos ha certificado en varias oportunidades durante el 2019 que los activos del banco son superiores a los pasivos, y AllBank Corp nunca presentó problemas operativos que no le permitieran cumplir con los requerimientos de sus clientes.

Desde el punto de vista legal este acto viola la Ley, ya que han sido presentados recursos contenciosos administrativos de plena jurisdicción autorizados por la propia SIB en su resolución.

La Superintendencia de Bancos, al ordenar esta liquidación forzada, está causando un daño patrimonial a los ahorristas y accionistas, quienes activaran todos los recursos legales para revertir este acto.

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Gobierno mexicano se niega a reconocer la crisis en materia de libertad de expresión

MÉXICO, (RSF).- Tras dialogar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa del 6 de noviembre de 2019 y sostener reuniones con funcionarios del gobierno mexicano, la misión internacional conformada por 17 organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión manifiesta su preocupación por la falta de compromiso que ha mostrado el Estado mexicano para resolver la grave crisis en materia de libertad de expresión que enfrenta México, así como para reconocer la gravedad del problema.

En 2019 México se convirtió en el país más mortífero del mundo para quienes ejercen el periodismo, más de 99% de los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas siguen sin resolverse y no existen garantías para que quienes se dedican a informarnos puedan hacer su labor sin temor a represalias, amenazas, violencias e intimidaciones.

En los diferentes encuentros sostenidos, la misión hizo un llamado al gobierno mexicano para reducir en 2% anual la impunidad en los crímenes contra periodistas, que actualmente es de más de 99%; implementar las 104 recomendaciones que la Organización de la Naciones Unidas hizo al Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y poner fin al discurso oficial que estigmatiza y aumenta la vulnerabilidad de miles de periodistas en el país.

Como resultado de las reuniones se ha acordado:

Establecer con la Fiscalía especial de atención para los delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle) una reunión semestral de seguimiento sobre la aplicación del Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Establecer una mesa de trabajo para concertar la implementación de las 104 recomendaciones que la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hizo al Mecanismo federal de protección a periodistas; el presidente López Obrador se comprometió en conferencia de prensa a garantizar estas recomendaciones.

Elaborar una plataforma para consultar cada recomendación emitida por organismos internacionales y el estatus en que se encuentran.

Parlamentarios de diferentes bancarias se comprometieron a trabajar con sociedad civil para impulsar cambios legislativos.

A pesar de lo anterior, la misión considera insuficientes los anteriores compromisos para reducir la impunidad. Lamentamos que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, declinara reunirse con la misión y que la Feadle no se comprometiera a reducir 2% anual la impunidad en crímenes contra periodistas ni a crear una mesa de trabajo para dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos.

Por otra parte, la comunicación social de la Presidencia de la República negó que hubiera casos de censura y aseguró que lo que las 17 organizaciones ven como estigmatización contra periodistas y medios de comunicación es más bien un debate estimulado por las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. A este respecto, el mismo presidente dijo en conferencia: “Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas”.

De acuerdo con los diálogos que ha sostenido la misión con organizaciones sociales mexicanas y periodistas de diferentes estados de la república, ésta es una de las mayores preocupaciones, ya que aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las y los periodistas, sobre todo de quienes se encuentran en el interior de la república.

Preocupa el intento de camuflar como derecho de réplica el agravio y la descalificación en lugar de abonar a un debate abierto y plural. Esta postura del ejecutivo es irresponsable y peligrosa en un país como México, donde al menos 10 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año y las agresiones en su contra van en aumento.

La misión abordó el espionaje que se ha realizado a periodistas desde el Estado mexicano y valora el compromiso del presidente actual de que no serán usados sistemas de espionaje en su gobierno y que se garantizará el derecho de las víctimas de espionaje de gobiernos pasados para conocer qué información fue obtenida.

Sin embargo, esta delegación considera que es necesario implementar las recomendaciones internacionales que ha recibido México en la materia para garantizar que no haya impunidad. La misión se compromete a dar seguimiento de los acuerdos y demandas planteadas, y tanto organizaciones nacionales como internacionales continuarán colaborando para lograr los objetivos deseados.

Este gobierno tiene la oportunidad de cambiar años de impunidad y revertir esa situación de violencia. La misión confía en que durante los próximos cinco años se reconozca la importancia de la labor periodística en la vida democrática de este país y por lo tanto existan acciones contundentes para revertir estas tendencias.

Al día de hoy, representantes de la misión se han reunido con: Jesús Ramírez Cuevas y Jesús Cantú miembros de comunicación social de la presidencia de la república; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH); Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle); Raúl de Jesús Tovar, director general de comunicación social de la Fiscalía General de la República (FGR), y senadores de la república.

La Coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil sobre seguridad de los periodistas (ISCO SOJ Coalition) está integrada por 17 organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil, y tiene el objetivo de fortalecer la coordinación para promover la seguridad de los periodistas y luchar contra la impunidad. Forman parte de ella: Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), International Media Support (IMS), Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Freedom House (FM), Global Forum for Media Development (GFMD), Gulf Center for Human Rights (GCHR), International Freedom of Expression Exchange (IFEX), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Internews, International Press Institute (IPI), International Women’s Media Foundation (IWMF), Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA), PEN America, Free Press Unlimited (FPU), World Association of News Publishers (WAN-IFRA).

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Cancelaron las operaciones de All Bank en Panamá

ZETA.- La superintendencia de bancos de Panamá anunció este viernes, 8 de noviembre, la liquidación forzoza del banco de capital venezolano Allbank, Corp.

La entidad, aseguró en un comunicado fue adoptada por el regular tras examinar la situación operacional y financiera del banco.

Comunicado

La Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante Resolución SBP- ¬¬¬¬0205-2019 de 8 de noviembre de 2019, ordenó la Liquidación Forzosa de Allbank, Corp., a partir de las 3:00 p.m. del día ocho (8) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), según los términos dispuestos en los Artículos 154 y subsiguientes del Capítulo XVIII, Título III de la Ley Bancaria.

Esta medida fue adoptada luego de la evaluación desplegada en el Informe del Administrador Interino, así como de la valoración de esta Superintendencia de Bancos, donde se demuestra que, debido a la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo de Allbank, Corp., no procede reorganizarlo o intentar su venta a otro banco.

La incertidumbre sobre la posibilidad de realizar los activos líquidos y portafolio de inversiones en valores colocados y custodiados en instituciones de su grupo bancario hacen inviable el banco como negocio en marcha, dado lo débil y frágil de su real liquidez y solvencia. Ante esta situación, Allbank, Corp. no presentó una solución efectiva a corto plazo, ni propuestas financieras adecuadas, sobre la disponibilidad real de los fondos y títulos valores del Banco que mantiene en las entidades relacionadas. Las reiteradas evasivas, plazos y condiciones inviables demostraron el riesgo de la operación del Banco y su insostenibilidad debido a su agotado modelo de negocios.

Lo antes expuesto, ameritará una prolija investigación por parte de entes jurisdiccionales que permitan una aclaración profunda y deslinde de responsabilidades, en beneficio del Centro Bancario Internacional (CBI).

Esta Superintendencia de Bancos designó como Liquidador al señor Rafael Moscarella Valladares para que oriente la marcha del proceso de Liquidación Forzosa con criterios de celeridad, diligencia, simplicidad y transparencia de sus trámites y en el respeto de los derechos y prelaciones que reconoce la Ley Bancaria.

Es importante señalar que se mantienen suspendidas todas las operaciones bancarias de Allbank, Corp. Además, según dispone el Artículo 159 de la Ley Bancaria, al encontrarse el Banco en estado de Liquidación Forzosa; se entienden suspendidos hasta por seis meses los términos de prescripción de todo derecho o acción de que es titular el Banco y los términos en los procesos judiciales o administrativos, en los que el Banco sea parte, salvo aquellos que persigan la ejecución de una prenda, hipoteca o garantía real.

La Superintendencia de Bancos reitera la estabilidad y solidez del sistema bancario panameño. Esta medida no representa un riesgo de contagio para el resto del Sistema Bancario, dada la inexistente conexión de relaciones interbancarias del AllBank, Corp, con el resto del sistema.

Se recomienda a la comunidad atender sólo las comunicaciones oficiales emitidas por esta institución y hacer caso omiso a cualquier rumor infundado que pueda ser publicado en las redes sociales u otros medios. Recordamos que quien divulgue noticias falsas que pongan en peligro la economía nacional o el crédito público incurre en hecho punible, según lo dispuesto en el Artículo 260 del Código Penal.

Panamá, 8 de noviembre de 2019.

 

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Varela reconoce filtración de sus conversaciones, advierte que fueron manipuladas

ZETA.- El expresidente de Panamá (2014-2019), Juan Carlos Varela, reconoció este jueves, 7 de noviembre, que la filtración de miles de mensajes de uno de sus celulares de conversaciones escritas entre los años 2016 y 2018 son auténticos, pero advirtión que habrían sido manipulados.

Varela reaccionó a la aparición de las conversaciones con funcionarios, políticos, empresarios y allegados durante su gestión gubernamental en el sitio "Varelaleaks".

La prensa panameña se ha hecho eco de decenas de documentos, conversaciones y afirmaciones de Varela sobre opositores y rivales.

En el sitio "Varelaleaks" aparecen cientos de fotos.

Según los responsables de "Varelaleaks", por ahora anónimos, la información la habrían sacado de un celular que recibieron de presunta propiedad de Varela.

"No he perdido ni extraviado ningún teléfono celular", aseguró Varlea quien advirtió que evalúa interponer "acciones legales" por un delito de violación a la intimidad.

Según Varela, la publicación de la información de su teléfono celular comprueba la compra y uso liegla de un equipo Pegasus, para intervenir teléfonos durante la administración de su antecesor, Ricardo Martinelli.

Martinelli fue apresado en Estados Unidos, extraditado y juzgado en Panamá por presuntos pinchazos telefónicos, pero fue declarado no culpable.

"Lo extraido del celular ha sido distorsionado, alterado y manipulado con la clara intención de causar daño", indicó Varela.

Según Varela, "a pesar de la manipulación" nunca cruzó la linea en "actos ilegales".

"No solo se ha violado la privacidad de los panameños, la mía y la de muchos otros sino que se ha sacado de contexto de manera dolosa la existencia del sitio web, con los textos alterados", insistió Varela.

Varela apuntó hacia Martinelli y sus allegados porque a su juicio, al intervenir el teléfono de un presidente en funciones deja " a merced de una organización delincuencial".

 

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