¿Se entienden las reformas a la Constitución?

ZETA, (JAMES APARICIO).- La falta de información, el pobre debate y la pésima divulgación han permitido que la discusión y aprobación del paquete de reformas a la Constitución, propuesto por la Concertación Nacional, esté en la tarjeta de tiro.

En este proceso, los diputados por un lado y el gobierno por el otro, no tuvieron la capacidad y me atrevo a especular, el interés, para dar a conocer con amplitud lo que se llevó a la Asamblea, lo que surgió de las consultas y lo que se fue aprobando.

Es evidente que hay una visión distinta entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislastivo sobre las reformas y una opinión muy clara de la sociedad de aquello que cree hace falta o no es aceptable.

De cien reformas que los diputados incorporaron, quedan pocas.

Sin embargo, con la manzana de la discordia con el gobierno, la concertación y el resto de la sociedad.

Ha faltado más diálogo y consulta.

Hay tiempo para ello. Pero no debemos creer que las protestas de las últimas semanas son de una minoria controlada, pagada o manipulada.

Existen  sentimientos encontrados en gran parte del país y en una generación que no acepta la corrupción, el clientelismo y la impunidad.

Se hacen propicios los puentes, los entendimientos y acercamientos para que el texto constitucional que se lleve a un referendo, tenga el visto bueno de los ciudadanos.

Es evidente que hay varios países en relación a la nueva constitución nacional Unirlos, acercarlos, entenderlos y consensuarlos es el reto pendiente.

Un reto formidable

ENMAYÚSCULA, (JULIO BERMÚDEZ VALDÉS).- Junto al carácter cívico que reviste, las reformas a la Constitución son un acto político que modelará por muchos años la vida de la Nación. Una oportunidad que va mas allá del debate y la reflexión, es un acontecimiento que debe incorporar los aportes de la mayoría de la sociedad.

Se sabe, sin embargo, que una mayoría importante de panameños es poco amante de la lectura, por lo que muchas de sus apreciaciones al respecto se basarán en verdades de segunda mano, en versiones que, alteradas ex profeso, buscan saldos políticos y promociones a costas de la propuesta oficial.

Otros que, convencidos, de que la propuesta excluye sus visiones limitadas a intereses específicos, sumaran al cántaro del no, todas las posibilidades habidas y por haber.

El problema a dilucidar es si el país requiere o no un nuevo pacto social. Hace ya varios años, varias voces sostenían con vehemencia la urgencia de una Carta Magna , por las razones que fuera, pero sobre todo porque creían agotada la existente.

Este martes, en un medio local el conocido politólogo Marcel Salamín aseguraba que la presente constitución preserva el espíritu liberal socialista de la de 1946, y llamaba a la “los pendejos” (esos de los que hablaba el general Omar Torrijos cuando se refería a las conquistas del proceso) a no dejarse arrebatar las expresiones progresistas que se incluyeron en la de 1972.

Sea como sea, más allá de la acción cívica que implica, las reformas a la Constitución constituyen un espacio al que deben concurrir las fuerzas vivas del país para dar legitimidad política al documento en cuestión.

Por esa razón, pero sobre todo por la urgencia que entraña en el desarrollo del país, las reformas son un momento político crucial, cuyos resultados a favor o en contra, dejarán su impronta en la administración gubernamental que las impulsa.

Es eso lo que, puesto sobre la gran mesa política del país, demanda espacios amplios de discusión donde intervenga la intelectualidad del país, los constitucionalistas, los partidos políticos y las estructuras organizativas de obreros, campesinos, los estudiantes; espacios que deben ser prohijados tanto por la Asamblea que las aprobó, como por el gobierno que las hizo suya una vez las recibió del Consejo de Concertación.

Por los movimientos de estos días, de universitarios y grupos pequeños de obreros, por las tergiversaciones que se aprecian en las redes y por el lenguaje incendiario de algunos irresponsables.

El debate y la consulta deben cerrarle el paso a los promotores de la violencia, y abrirle la puerta a una gran concurrencia que dé a las reformas la legitimidad con deben aprobarse. (JBV).

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