El caso Arquesio Arias

ZETA, (JULIO BERMUDEZ VALDÉS).- Ninguna noticia es más importante este martes para televisoras, periódicos, emisoras de radio y redes sociales que los señalamientos de supuestos abusos sexuales practicados contra menores por el diputado Arquesio Arias.

Ni los debates sobre las reformas a la Constitución que han comenzado este lunes en la Asamblea Nacional, ni las recomendaciones sobre el proyecto de presupuesto para 2020, ni la inauguración de la primera etapa del Centro Cultural Metropolitano por parte del presidente Laurentino Cortizo, y menos los mil 803 casos de abusos sexuales contra menores ocurridos hasta septiembre de este año, según el Ministerio Publico.

Sin dudas que el de Arias es un caso de alto perfil, no por su excepcionalidad, sino por quien aparece involucrado y su perfil político, lo que podría estar incorporando algunas variantes respecto a otros casos de esta misma línea.

Por ejemplo, se percibe menos vehemencia en la presunción de inocencia en este caso que en el del recién destituido Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, y la necesidad de evidencias y derecho a la defensa; pareciera que en el caso Arias se da por descontado que es culpable, mientras que en el de Castilleros Hoyos han intervenido hasta organismos internacionales.

Es una situación que lleva a pensar que en aquello del carácter selectivo de la justicia no solo se puede señalar a estamentos del Estado, sino a ciudadanos, medios y sectores que asumen posiciones dependiendo de quién sea el acusado.

Ignoro si Arias es culpable o inocente, aun más, no me corresponde ese veredicto; para eso existen los tribunales. Lo que si sé, es que en un caso como este o en algunos de reciente data la presunción de inocencia es opacada por el malicioso escándalo que los circunda, sin que hayan iniciado las investigaciones correspondientes y los tribunales hayan dictado sentencia.

¿Qué pasa si mañana se comprueba que todo ha sido una patraña como ha señalado el propio afectado? Creo que el derecho a evidencias y a la defensa, es tan válido para Arias como para Castillero Hoyos, y que sugerencias basadas en la sospecha u otro tipo de inclinación solo incorporan distorsiones a un proceso delicado y serio.
Hay que dejar actuar a las autoridades, y que los afectados ejerzan su derecho a la defensa, total ellos saben el hilo del cual penden, y las posibilidades reales de que la trama sea desentrañada.

Como van las cosas pareciera que, en lugar de un delito, se dirimen posiciones políticas, y hasta de clase. (JBV)

La revolución del Covid-19

ZETA, (JULIO BERMÚDEZ VALDÉS).- Aunque no ha promovido el cambio de poder de unas manos a otra o de una clase a otra, la pandemia del COVID 19 ha puesto tan en evidencia las falencias del sistema, que por su alcance sería impensable en la sobre vivencia de viejas estructuras y conceptos, predominantes hasta hace unos pocos meses atrás.

Solo hace algunos años, las movilizaciones de mayorías sociales orientadas por partidos o de manera espontánea, o la promoción de acciones golpistas por determinados sectores de clases, eran los motores de cambios, los tubos de escapes a las crisis que encaraba la sociedad.

Por estos días sin embargo, no ha hecho falta líder con megáfono en mano para demostrar desigualdades, falta de equidad, o sencillamente atrasos, por lo menos en los sistemas sanitarios de casi 200 países.

Sencillamente un virus, al poner de rodillas a la humanidad, parece haber preguntado a los Estados si estaban preparados para una pandemia como la que vive el mundo por estos días.

Basado en una estructura de desigualdades, varios gobiernos, entre ellos el de Panamá, han corrido a implementar planes dirigidos a proteger a los más vulnerables ante COVID-19, pero los resultados varían de acuerdo a las políticas que cada país ha implementado en los últimos años.

¿Y por qué los grupos mas vulnerables? Precisamente porque las desigualdades sociales los colocan en desventajas ante la pandemia, económicas, sociales y políticas. Pero de igual manera porque si sucede, por ejemplo, como la tragedia de Italia, no habrá quien escape a la onda expansiva del pequeño criminal, sin importar de qué clase se trate.

Lo que demuestran los hechos, como ya lo han hecho en otros momentos recientes, es que hay esquemas que se agotaron. El papel del Estado en la salud pública -por ejemplo- no puede seguir siendo una suerte de filantropía, que por lo demás deja sin piso la importancia que requiere abordar de manera integral el problema.

Los costos de los medicamentos, los equipos médicos, la política de salud pública no puede seguir a condición de curar enfermedades sino prevenirlas, como lo indicaba el viejo libro del doctor José Renán Esquivel.

Esta mañana Jorge Luis Prosperi Ramírez, en La Estrella de Panamá, dice -y con razón- que “Ha hecho falta una pandemia descomunal (…) para que la humanidad comprendiera la necesidad de invertir en el desarrollo y fortalecimiento de sistemas de salud resilientes..” y añade este médico: “Panamá no ha escapado a este triste escenario. Hemos aportado cerca de 4000 casos y más de 100 defunciones, nuestro sistema de salud está en peligro de colapsar, si no mantenemos las medidas impuestas, y el impacto en la economía nacional es evidente”.

El papel del Estado tiene que ser reforzado, pero no con pequeñas reformas sino con cambios radicales que reflejen la jerarquía que posee el tratamiento integral de una cuestión social por encima de ciertos privilegios que solo sirven a ciertos sectores y dejan sin nada a la mayoría.

Eso no puede seguir así.

Pero diagnósticos presentados, I. Robero Eisenmann dice en su columna habitual de los viernes que hay que ser creativos, al tiempo que propone una serie de medidas que, sin entrar a considerar si son buenas o malas, sugieren cambios, nuevas acciones.

“Además del salario mínimo establecido por la ley, inventemos otro “ingreso participativo”, propone, en el que “Toda empresa que instale un sistema de participación que podría ser un porcentaje de la venta neta (no menor de 5%) repartible entre todos sus empleados por igual, o un porcentaje de la utilidad neta (mínimo 40%), luego de separar un razonable sueldo al capital (no mayor al 15%) repartido a todos los empleados , y todas aquellas empresas que permitan a todos sus empleados comprar hasta el 40% de acciones de su capital (a no más del valor en libros).”

O , asimismo en las medidas post pandemia: “Las empresas que empleen más personas que las que tenían antes de la crisis, recibirán durante los próximos 24 meses un crédito en el impuesto sobre la renta, equivalente al 50% del salario.

Lo que COVID19 ha hecho es abrir espacio a un debate donde se reconoce la necesidad, y hasta la urgencia del cambio. ¿Será por consenso?

Hay quienes piensan que eso no es posible, pero la tragedia misma de COVID 19 demuestra que ante la amenaza colectiva son posibles los acuerdos colectivos, aunque haya sus excepciones.

Cierto es que el sistema lleva en su seno las contradicciones que por un lado reclaman el cambio y otras que se le resisten, aun cuando debiera ser el consenso lo que pudiese ayudar a determinar el rumbo, pero -utopía demostrada-, se trata de los gobiernos, de sus dirigentes, de la evaluación categórica de la realidad para saber que así como ha prohijado muertos en el mundo, el covid-19 ha puesto en sus manos la posibilidad de cambios urgentes, ante situaciones que atentan contra la propia civilización. (JBV)

Un reto formidable

ENMAYÚSCULA, (JULIO BERMÚDEZ VALDÉS).- Junto al carácter cívico que reviste, las reformas a la Constitución son un acto político que modelará por muchos años la vida de la Nación. Una oportunidad que va mas allá del debate y la reflexión, es un acontecimiento que debe incorporar los aportes de la mayoría de la sociedad.

Se sabe, sin embargo, que una mayoría importante de panameños es poco amante de la lectura, por lo que muchas de sus apreciaciones al respecto se basarán en verdades de segunda mano, en versiones que, alteradas ex profeso, buscan saldos políticos y promociones a costas de la propuesta oficial.

Otros que, convencidos, de que la propuesta excluye sus visiones limitadas a intereses específicos, sumaran al cántaro del no, todas las posibilidades habidas y por haber.

El problema a dilucidar es si el país requiere o no un nuevo pacto social. Hace ya varios años, varias voces sostenían con vehemencia la urgencia de una Carta Magna , por las razones que fuera, pero sobre todo porque creían agotada la existente.

Este martes, en un medio local el conocido politólogo Marcel Salamín aseguraba que la presente constitución preserva el espíritu liberal socialista de la de 1946, y llamaba a la “los pendejos” (esos de los que hablaba el general Omar Torrijos cuando se refería a las conquistas del proceso) a no dejarse arrebatar las expresiones progresistas que se incluyeron en la de 1972.

Sea como sea, más allá de la acción cívica que implica, las reformas a la Constitución constituyen un espacio al que deben concurrir las fuerzas vivas del país para dar legitimidad política al documento en cuestión.

Por esa razón, pero sobre todo por la urgencia que entraña en el desarrollo del país, las reformas son un momento político crucial, cuyos resultados a favor o en contra, dejarán su impronta en la administración gubernamental que las impulsa.

Es eso lo que, puesto sobre la gran mesa política del país, demanda espacios amplios de discusión donde intervenga la intelectualidad del país, los constitucionalistas, los partidos políticos y las estructuras organizativas de obreros, campesinos, los estudiantes; espacios que deben ser prohijados tanto por la Asamblea que las aprobó, como por el gobierno que las hizo suya una vez las recibió del Consejo de Concertación.

Por los movimientos de estos días, de universitarios y grupos pequeños de obreros, por las tergiversaciones que se aprecian en las redes y por el lenguaje incendiario de algunos irresponsables.

El debate y la consulta deben cerrarle el paso a los promotores de la violencia, y abrirle la puerta a una gran concurrencia que dé a las reformas la legitimidad con deben aprobarse. (JBV).

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