Condenan intento de cierre de Unión Nacional de Educadores de Ecuador

QUITO, (FUNDAMEDIOS).- La Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en Ecuador, que agrupa a 23 organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y las organizaciones y ciudadanos abajo firmantes, condenamos la pretensión del Ministerio de Educación de proceder a la disolución o extinción jurídica de la Unión Nacional de Educadores, organización sindical que agrupa a cerca de 100.000 maestros y que tiene existencia legal desde el año 1950.

La pretensión de cierre ha estado precedida por una larga cadena de abusos y vulneraciones a los derechos fundamentales, que la convierten en un caso paradigmático de las violaciones al derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica violaciones, originados por la aplicación de los decretos presidenciales 16 y 739. Estos decretos han sido observados por organismos internacionales y en procedimientos especiales, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los definen como atentatorios al derecho de libre asociación de los ciudadanos.

Las organizaciones firmantes señalan que, en diciembre de 2013, la UNE eligió su nueva directiva con el voto de más de 60.000 educadores en todo el país. En enero de 2014, la organización intentó registrar esta directiva; pero en mayo, el Ministerio de Educación respondió negativamente a este registro, bajo el argumento de que faltaba que se entregue la información con datos personales de cada uno de los maestros votantes. Esto constituye una clara violación al derecho a la privacidad de los miembros del sindicato.

A través de un nuevo escrito, la UNE se negó a dar esa información, ya que se trata de datos sensibles que pueden poner en riesgo a los miembros de la organización y convertirlos en blanco de represalias. Nunca se recibió respuesta del Ministerio. El de la UNE es uno de los varios casos emblemáticos que revelan la intención gubernamental de exterminio del sindicalismo en el sector público ecuatoriano mediante diferentes artificios.

Estas acciones evidencian que se trata de un comportamiento sistemático del oficialismo. Cabe señalar que con estas acciones, el Gobierno ecuatoriano además está violentando las recomendaciones que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Informe de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones luego de su visita a nuestro país, en el cual se dice de manera expresa: "La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3 del Convenio, las elecciones de las directivas sindicales constituyen un asunto interno de las organizaciones en el que las autoridades administrativas no deben intervenir".

En este sentido, el eventual cuestionamiento de la regularidad de las elecciones sindicales debería primero dar lugar a la aplicación de los mecanismos previstos en los propios estatutos de la organización y, en caso de no poder ser resuelto internamente, debería ser sometido a otros mecanismos que no violenten la autonomía de la organización. Con base en lo anterior, la Comisión pidió al Gobierno que registre la nueva directiva de la UNE y que informe de toda evolución a este respecto.

Frente a la negativa del Ministerio de Educación de cumplir con sus obligaciones, los docentes se convocaron para un Congreso Extraordinario, el 14 de mayo de 2016. El fin, era iniciar de cero el proceso de registro. Allí, 1.000 delegados de 23 provincias del país aprobaron una nueva directiva provisional, hasta el registro del nuevo estatuto.

Este informe también fue enviado al Ministerio, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta. Pese a ello, el pasado jueves 21 de julio el Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores. La acción se inició por "presuntamente incumplir el Decreto 739", que regula el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta arremetida contra la UNE se da después de que la presidenta la organización, Rosana Palacios, participara el pasado mes de junio en sesiones de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Por todas estas razones, los firmantes condenan la pretensión de cierre de la UNE, pues la consideran una seria amenaza y un precedente intimidatorio contra todas las organizaciones de la sociedad civil del país. Además señalan que constituye una grave vulneración del derecho fundamental de los y las ecuatorianos y ecuatorianas a asociarse libremente.

Llamamos a todos los sectores a mantenerse alerta y elevar su voz de protesta por este acto abusivo de las autoridades gubernamentales. Solicitamos a todos los organismos y organizaciones internacionales de protección de derechos fundamentales a pronunciarse sobre estos hechos y recordar al Estado ecuatoriano su obligación de garantizar plenamente los derechos de sus ciudadanos a la luz de los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el país.

*Las organizaciones que conforman la Plataforma son: Participación Ciudadana, Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP, Asociación Red de ONG de Guayaquil AROG, Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos SURKUNA, Colectivo Antropólogos del Ecuador, Colectivo YASUNIDOS, Confederación Mujeres por el Cambio, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador ECUARUNARI, Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE, FBQ, Federación de Médicos del Ecuador, Federación Nacional de Periodistas FENAPE-FIP, Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Fundación Mil Hojas, Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios FUNDAMEDIOS, Fundación DESAFÍO, Internacional de Servicios Públicos ISP, Junta Cívica de Guayaquil, Observatorio Electoral Ciudadano, Plan V, Red de Mujeres Políticas del Ecuador REMPE, Unión Nacional de Educadores UNE, Unión Nacional de Periodistas UNP.

FUNDACIÓN ANDINA PARA LA OBSERVACIÓN SOCIAL Y ESTUDIO DE MEDIOS
DIR: Iñaquito E2-32 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio UNP, Piso 4. Oficina 403
TELF: 2461642 - 2461622
PÁGINA WEB: http://www.fundamedios.org.ec
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
QUITO - ECUADOR

 

 

 

Journalists sue the Government of Puerto Rico for penalizing "false news"

WASHINGTON, (FUNDAMEDIOS USA).- We'd like to share an alert of protest and concern Fundamedios has issued, regarding the restrictions against freedom of expression in Puerto Rico following the lawsuit filed by Puerto Rican journalists Sandra Rodríguez Cotto and Rafelli González.

Both journalists are challenging the constitutionality of a pair of laws that seek to penalize - with up to 6 months of jail - those who disclose "false news" or "decisions made by the government during a state of emergency" that may cause confusion to the public.

The plaintiffs contend the statutes, arguing that they fail to accurately define "what speech may constitute a crime", and as a result providing ample discretion to the government to decide whom to punish, giving authorities the opportunity to intimidate, silence and prosecute journalists who investigate the government's management of the COVID-19 pandemic.

With this regulation, the Government of Puerto Rico clearly violates the First Amendment of the Constitution and the international standards of Freedom of Expression.

Rodríguez Cotto and González are Puerto Rican investigative reporters with a long and distinguished journalistic trajectory, who are represented by the American Civil Liberties Union (ACLU) in the Federal Court.

This alert is part of the watchdog work carried out by Fundamedios in the context of our commitment to defend the rights to press freedom and access to information for journalists since 2007 in Latin America.

As part of our monitoring in the United States, we are developing a study to analyze the main challenges that Hispanic journalists face in exercising their rights. We are interested in finding out, among other things, if Hispanic journalists in the U.S. have the same access to sources of information as their non-Hispanic peers, and if they face discrimination in labor opportunities, such as promotions or wages. We'd like to hear your experience, and invite you to fill out a short survey on this topic:

Finally, we also want to share the link to a recent digital forum held recently, featuring our colleagues Maritza Félix from Conecta Arizona (AZ), Diego Barahona from La Noticia (NC), Gustavo Martínez Contreras from Asbury Park Press (NJ) and Hugo Balta NAHJ. They discussed the main challenges faced by Latino journalists working in the U.S. during the COVID-19 pandemic, with Frank LaRue and Dagmar Thiel as moderators.

Our next virtual discussion will be on Thursday, June 4 at 7:30 pm ET and when we will address the situation of freedom of expression in Puerto Rico. We will send more details soon.here is the link to the discussion with colleagues Maritza Félix from Conecta Arizona (AZ), Diego Barahona from La Noticia (NC), Gustavo Martí-nez Contreras from Asbury Park Press (NJ) and Hugo Balta NAHJ. Together, these 4 journalists tackled Frank LaRue and Dagmar Thiel the main challenges faced by Latino journalists working in the USA in the days of COVID-19.
About FUNDAMEDIOS:

Fundamedios is a civil society organization committed to the defense of human rights in particular freedom of expression, freedom of the press, and access to information to advance transparency as pillars of democracy in Latin America. It has been in existence since 2007. After working for over a decade in Latin America we established a Washington office and registered as a 501 c 3 to build bridges among both regions as well as to work with Hispanic journalists in the U.S.

Fundamedios is one of the leading organizations of Voces del Sur, a CSOs' collective that reports progress toward implementing the Sustainable Development Goal 16 regarding peace, justice and strong institutions. The network of fundamental freedom organizers developed regional standards for monitoring and dissemination of alerts regarding freedom of expression in 10 countries. The report has been reviewed by UNESCO as part of the UN's High-Level Review of SDG 16 in July 2019.To learn more about FUNDAMEDIOS, please visit www.fundamedios.org.