¿Agua….Agua….donde hay?

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Luego de la comparecencia del Director del IDAAN ante la Asamblea de Diputados, se desató una serie de “memes” en virtud que el Sr. Director expresó que era culpa de los panameños tipo “marginal” el gasto ineficiente de agua debido a las piscinas caseras. Sin duda, la gente casi en su totalidad se irritó por sentir esto como insulto.

Quizás el Sr Iglesias estaba bajo los efectos de la noticia que la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pronto los 4 millones de habitantes se quedarían sin gota de agua. Esto lo tiene nervioso, porque él también tiene una piscina en casa. Pero ante esta amenaza, su trabajo es buscar posibles soluciones.

Si el IDAAN sigue con pérdidas totales, técnicas (fugas) y comerciales (deficiente medición y facturación), de un 55% del agua puesta en las redes de distribución, y con un precio de venta del litro a 50% del costo de producción, no hay forma viable de funcionar adecuadamente como empresa.

Quizás una forma viable de enfrentar la situación es mediante una administración moderna y eficiente de los recursos de agua disponible. Trabajé en Guyana donde literalmente no había acueducto ni agua saludable. Que hicimos? Cosechamos, almacenamos y surtimos agua cruda para todo menos tomarla. Las lluvias son intensas y abundantes en Guyana, igual que en Panamá. Entonces esto podría ser una solución efectiva de bajo costo.

Pero esto requiere que la población aprenda esta técnica de forma eficiente. Entonces, podría ser que el IDAAN inicie una campaña de educación para que la gente aprenda y se surta de agua lluvia. Habría que apoyar la instalación de sistemas adecuados, comunitarios o individuales, para desarrollar la alternativa.

Esta es una posibilidad real que podría ayudar al IDAAN a cumplir con sus propósitos, sin dejar a un lado la producción de agua potable.

@cristobalsilva3

¿Dónde está el liderazgo nacional?

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).-Es evidente que la Nación atraviesa un proceso de degradación institucional, especialmente en la administración de justicia, donde la moralidad ya pasó a la amoralidad como comportamiento normal. Esta situación parece avanza sin frenos.

Los hechos acaecidos en las dos últimas semanas nos llenan de vergüenza. Una Corte Suprema catalogada como lote de garrapatas. Un Magistrado señalado por la PGN, que sólo dice “me grabaron”; otro señalado como vendedor de fallos para ayudar a negocios de familiares; otro que sigue esperando nombramiento, dispuesto a complacer directrices desde “más arriba”.

¿Por qué tenemos este país?

Hay una falta de voluntad para hacer las cosas que se requieren y una notoria falta de liderazgo político para conducir la nación.

Es posible que las campañas que desacreditan a los partidos políticos, en muchos casos merecidas por el deficiente desempeño de los mismos, que no contribuyen con soluciones para el país, ha producido un efecto negativo, acabando con la dirigencia política de calidad.

Profesionales honestos y pensantes, se rehúsan a participar en actividades partidistas aduciendo que no se quieren “ensuciar”. Esto ha dejado campo para que la política caiga en manos de malos políticos que no entienden el concepto de “hacer una política de calidad”.

Como resultado, todo lo basan en el clientelismo que promueve los Caciques Circuitales. Cambiar esto requiere un cambio constitucional para introducir los diputados provinciales y nacionales.

Ojalá en mayo 2019, los electores voten para elegir a los mejores candidatos. Un liderazgo político de calidad es imprescindible!

Constituyente versus Diálogo Reformista

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Gobierno Nacional, ha decidido solicitar a la Asamblea Nacional), retirar el proyecto de Reformas Constitucionales que había sido aprobado en primer debate del Pleno.

Esta decisión se fundamenta en el hecho que ahora se pretende establecer un denominado Diálogo Nacional, que se asume intenta propiciar una mayor participación de diversas organizaciones y sectores representativos de la ciudadanía, según un Memorándum de Entendimiento (MOU) acordado con el PNUD, organismo internacional que fungiría como facilitador de dicho diálogo.

En la estructura del MOU se establecen un par de Comisiones integradas por “personalidades”, seleccionadas de forma “científica y muy selectiva” que estarían interactuando con los varios proponentes de propuestas para establecer una serie de “reformas”, en el mismo estilo de las reformas propuestas por el grupo de la Concertación Nacional.

Estas Comisiones dirigirían y coordinarían el Diálogo propuesto.

Las consultas previas a la preparación de un proyecto de modificaciones constitucionales, preferiblemente una Constituyente, son acciones loables y adecuadas.

En estas consultas se debe procurar encontrar los puntos de coincidencia que apoya la sociedad de forma tal que se proceda luego a la preparación de una constitución con temas consensuados, que se someterían a debates formales para darle la forma final oficial a la misma. Esto es un proceso constituyente efectivo.

Hay que tener en cuenta que esto no es un tema “superficial ni elitista”. Se debe involucrar a todos los panameños realmente interesados en sentar las bases para tener una nación con instituciones modernas y con la finalidad de consolidar una sociedad participativa, con plena justicia, con igualdad de oportunidades para todos, sin excepciones ni discriminaciones, y con la finalidad de procurar el bienestar o Bien Común para todos.

En síntesis, el Gobierno actual trata de continuar con la idea de proponer reformas, en lugar de una Asamblea Constituyente, que es la propuesta de la mayoría de los panameños.

El MOU propone una estructura organizativa” en la cual las autoridades de gobierno ceden su protagonismo y dirección a un ente externo, con “expertos” que quizás no conocen a cabalidad la idiosincrasia y expectativas constitucionales de los panameños.

El grado de alfabetización constitucional de los panameños no es tan avanzado, por lo que se crea el riesgo que esta metodología tendría un mayor rechazo por parte de las organizaciones populares que consideran que este es un tema muy de los panameños.

Finalmente, a pesar de la decisión del Gobierno, vale la pena repensar la misma, bajo la óptica de que si queremos una Constituyente o se sigue con un proceso reformista que ha sido rechazado, principalmente por la juventud estudiosa y panameños sensatos y decentes. Evidentemente, no nos conviene que este proceso resulte en un fracaso total.

Constituyente: Un gran concordato nacional

ZETA, (CRISTOBAL SILVA).- Ante la crisis institucional que atravesamos en nuestro país, es obligatorio convocar una Asamblea Constituyente que permita a todas las fuerzas vivas activas en los escenarios político, social y económico en el país, sentarse alrededor de la mesa redonda del entendimiento y razonabilidad para llegar a un gran acuerdo nacional, o un denominado Concordato Nacional.

No obstante, el Presidente sigue enfrascado en la persecución política y el enfrentamiento con sus adversarios políticos, sin darse cuenta que a pesar de sus amenazas, las huestes de los partidos de oposición parecen estar decididas a detener su deficiente desempeño.

Ciudadanos conscientes de la peligrosa situación en la cual nos ha metido el Sr. Presidente, consideran que ha llegado la hora de una acción ciudadana para provocar un proceso constituyente y establecer nuevas y urgentes reglas, bajo un Gran Concordato Nacional.

Es necesario que el gobierno realice acciones, a fin de restablecer un Estado de Derecho con justicia; para erradicar las prácticas de corrupción generalizada; a lograr una real separación de los tres poderes del estado y a eliminar la exacerbada facultad presidencialista derivadas de una constitución militarista que mantiene el poder concentrado que exigían los militares en su gobierno.

Modificar la forma de escoger y elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia y para el Tribunal Electoral. Asimismo, es necesario modificar la estructura de la Asamblea de Diputados, de modo que se elimine el sistema circuital que produce un caciquismo clientelista, generado por efectos de conseguir las inveteradas reelecciones, tantas veces como se pueda.

El próximo presidente electo en mayo 2019, deberá convocar una Asamblea Constituyente dentro de sus primeros seis meses de gestión. Una nueva constitución aprobada por referéndum nacional, se podría tener no más allá del segundo semestre del año 2021.

Convocando una Asamblea Constituyente

ZETA, (CRISTOBAL SILVA).- Conversando en días recientes, mientras almorzaba con unos amigos en un restaurante local, surgió la preocupación sobre un tema de actualidad y digno para entablar una discusión entretenida y cuasi intelectual. Alguien preguntó si en estos momentos ¿es factible la convocatoria de una Asamblea Constituyente? Le agregó la coletilla de ¿quién la podría convocar o quién se atrevería a convocarla?

Primero, una Asamblea Constituyente o Constitucional es una reunión nacional de representantes populares que asumen el objetivo específico de dictar las reglas que, en el futuro, regirán la relación entre gobernantes, gobernados, el funcionamiento, distribución del poder y fundamento de su sistema político y social.

Es decir, una Asamblea Constituyente es un organismo de representantes colegiado que tiene como función redactar una nueva Constitución, dotado para ello de plenos poderes o Poder Constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas.

En esencia, ese conjunto de personas, los constituyentes, que simbolizan el pueblo ejerciendo su autoridad de mandatario, tienen a su cargo ejercer la facultad de legislar, para editar una nueva ley fundamental y las nuevas líneas de la organización de un Estado, que modificarían los prototipos ya existentes.

Si entendemos que una Asamblea Constituyente se constituye en un mecanismo popular y democrático, para la configuración de un nuevo modelo de ley suprema constitucional y de la reorganización del Estado (caso Panamá), le toca a los ciudadanos, empoderados por el poder constituyente propio, promover dicha convocatoria.

Así las cosas, es el pueblo que debe ejercer su poder constituyente para convocar una constituyente. Hay que tomar las acciones necesarias para lograrlo. Una Quinta Papeleta aprobada para solicitar al pueblo dictar su decisión de convocar, o no, sería el camino a seguir.

Costos razonales, ¿cómo se come eso?

Zv5J1mOaIETA, (CRISTÓBAL SILVA). - Recientemente la Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público un “Informe” que intenta establecer sobrecostos en cinco mega-obras, el cual tiene una connotación sospechosa y poco objetiva ya que todas esas obras fueron ejecutadas bajo la Administración Martinelli.

Dicho Informe describe el ejercicio realizado como “auditorías forenses”. Sin embargo, no explica varias irregularidades que han sido identificadas por algunos profesionales con experiencia en la ejecución de contratos de obras de infraestructura.

El mismo indica que los costos reales finales de las obras investigadas se comparan contra los que el informe denomina “costos razonables”.

¿Cómo se comen estos costos? Algo parecido a un “precio razonable” ocurre, por ejemplo, cuando regateamos por una rebaja en una compra de un juguete para llegar al precio que uno considera como “razonable a criterio propio” para adquirir el juguete.

Hay que aclarar que no nos oponemos a que se hagan los análisis que el Contralor considere necesarias para apoyar las investigaciones del Ministerio Público.

Pero éstas tienen que realizarse con seriedad y consistencia técnica y sin intención de hacer daño político a funcionarios de la administración anterior.

Al parecer, hay varios vicios metodológicos en dicho Informe. Extraño que uso contratación directa, monto de $30 mil y con término sólo tres meses.

Obras grandes con miles de planos, con adendas, inflación, diseños que consideraban remoción de infraestructura en sitio, y sin consultar contratistas, hace difícil pensar que auditorias sean investigaciones “forenses” que sirvan para determinar sobrecostos.

* El autor es ingeniero.

Dos semanas antes de las elecciones generales

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Estamos a unos escasos 15 días de expresar en las urnas las preferencias y decisiones de cuatro millones de panameños que vuelven, tal como lo hacen cada cinco años, a escoger las nuevas autoridades que se encargaran de la administración del próximo gobierno nacional.

Este proceso electoral, en virtud del nuevo código electoral, ha sido atípico respecto a lo que se acostumbraba antes.

Restricciones en el gasto y campañas relativamente cortas, que impiden que los ciudadanos lleguen a conocer a fondo a los candidatos y sus propuestas, ha sido la tónica.

El Tribunal Electoral, el cual mantiene un control absoluto de todo el proceso, introdujo la modalidad de los denominados debates entre los candidatos presidenciales, que a la postre resultaron meros conversatorios estilo la presentación de una tesis de graduación en la Universidad, sin decir en cual.

A pesar que se dice mucho que este es un proceso requerido para mantener la democracia en nuestro país, en realidad a lo que se refiere es a una nueva lucha por el poder político.

La intervención del poder económico para favorecer a sus candidatos preferidos en función de mantener sus opciones de control en el quehacer nacional es evidente, y genera el comportamiento conocido como el clientelismo electoral, el cual es necesario erradicar aunque es una tarea difícil en virtud de la cantidad de dinero que se mueve para mantenerlo.

Los ciudadanos, sometidos por sus frustraciones y necesidades económicas, están sujetos a aceptar toda clase de dádivas y prebendas para sacar, como me dicen algunos, “del gato aunque sea un pelo”.

Los siete candidatos presentados, en sus conversatorios han mencionados algunos de los problemas que agobian al país; la deficiente prestación de los servicios médicos, deficiencias en el sector de educación, inseguridad, el agro y hasta la falta de agua potable en muchos sitios.
Pero en esencia, el tema central al que le dedicaron la mayor cantidad del tiempo fue a la corrupción, tema que para el ciudadano común no le resuelve sus necesidades y por eso no le interesa mucho.

¿Como luchar contra la corrupción? La forma más eficiente es recreando el Estado de Derecho que está colapsado. Sin una administración de justicia, en la que las leyes no sean tergiversadas y utilizadas para la persecución política, tema conocido como “lawfare”, no habrá forma de tener paz y una seguridad de castigo al que sea encontrado culpable en estricto derecho.

Por lo tanto, es preciso elegir un próximo presidente que asegure una renovación de la institucionalidad general del país, convocando un Gran Concordato para lograr el llamado a una Asamblea Constituyente en la cual el pueblo participe de forma efectiva y directa.

Ejercicio del Poder con controles y normas

ZETA, (CRISTOBAL SILVA).- El ejercicio del poder político debe ser controlado en su extensión legal. La actuación de los que detentan el poder público tiene que estar sometida a normas legales que protejan los derechos de los ciudadanos gobernados.

Algunos juristas, insinúan que en casos de “alto perfil”, investigaciones deben ser a “ad infinitum”, hasta llevar a la cárcel al acusado. Absurdo!

Otros opinan sobre la necesidad de una constituyente. Para los ciudadanos honestos, la constituyente debe ser convocada por iniciativa ciudadana para regenerar el Estado de Derecho, con capacidad para aplicar adecuada justicia.

Pero algunos dicen constituyente podría ser la vía para el gobierno de turno se haga “un traje a la medida”, que le permita gobernar sin “controles” y para protegerse de juicios políticos al futuro.

Tendría a su vez que controlar el Poder Judicial. El Poder Legislativo parece estar controlado por los recursos que el Ejecutivo aprueba en presupuesto.

Poder Ejecutivo controlaría los tres Órganos del Estado. Junto con factores de poder económico, se llevaría al país a una dictadura civil.

El Estado de Derecho dejaría de existir, sin “Debido Proceso” y todos en indefensión. ¿Qué queda? Reaccionar! Despertar! Tal vez!

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El día "D" en Panamá

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- El domingo 29 de enero 2017, el Movimiento Constituyente Va, el cual está realizando un proceso constituyente por “Iniciativa Ciudadana” para convocar una Asamblea Constituyente Paralela, de acuerdo a lo establecido en el articulo 314 de la Constitución vigente, ha programado una movilización ciudadana masiva a lo largo de todo el país, para recolectar firmas a favor de la Convocatoria Constituyente antes mencionada.

Una Constituyente es un vehículo para llegar a preparar, debatir y finalmente aprobar, mediante un referéndum, una nueva Constitución Política. Esto equivale en la práctica a proponer una revolución, de forma pacifica y democrática. Acotamos que esta iniciativa ciudadana cumple con los requerimientos de ley. Es decir, se sigue un proceso para convocar la Constituyente Paralela.

A menudo escuchamos quejas de los ciudadanos en cuanto a una serie de deficiencias en la gestión del actual gobierno, de la creciente inseguridad en las calles y residencias, de un desempleo que incrementa debido a una evidente recesión económica, una sesgada aplicación de la justicia, mal manejo de políticas en el sector agropecuario y otras más relacionadas con deficiencias en la prestación de los servicios públicos de salud, educación y agua potable.

Ante estas circunstancias, las cuales ponen en evidencia una crisis económica, política y social, que podría desencadenar en una lamentable e indeseable explosión social en Panamá, se hace imperante y urgente llegar a un consenso nacional con base a una constituyente que establezca una nueva plataforma sobre la cual se erija un nuevo Pacto Social entre gobierno y gobernados, de tal manera que resurja un Estado de Derecho, con una institucionalidad renovada y un régimen que ofrezca iguales oportunidades para todos los panameños, poniendo en primer plano promisorias perspectivas para los hijos y nietos de los panameños que hoy atraviesan un período de graves dificultades nacionales.

En consecuencia, el Movimiento Constituyente Va, sigue avanzando con decisión a alcanzar el número de firmas de apoyo exigidas por el Tribunal Electoral para que se convoque a una Asamblea Constituyente, en este caso paralela, aunque una Constituyente no tiene apellido.

Se convoca a todos los panameños a estampar su firma de apoyo, en los libros suministrados por el Tribunal Electoral para tales fines.

El día 29 de enero, es el Día “D” para la Constituyente, es una fecha clave para lograr los objetivos que cada vez más reclaman los panameños, “una “nueva Constitución Política para Panamá”.

Ing. Cristóbal Silva, Presidente

Movimiento Constituyente Va.

El final de una saga de persecución

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- El pasado 9 de agosto, llegó a su fin, por lo menos en su primera fase, la saga conocida como los “pinchazos telefónicos”, cuya ejecución intelectual fue atribuida al ex presidente Ricardo Martinelli. Su guión caracterizado por un alto contenido novelesco, finalizó con un fallo absolutorio unánime y total de toda culpa de los cargos hechos a Martinelli.

Este proceso nació con claras evidencias de violaciones de todos los derechos humanos y constitucionales correspondientes al Sr. Martinelli. La saga, como le hemos denominado, estuvo minada de una gran número de procedimientos irregulares, desde que inicio con su detención en Miami, hasta que llegó a Panamá extraditado.

Durante el juicio, se pusieron en evidencia un sinnúmero de violaciones, torturas físicas y emocionales y hasta la negación de servicios médicos oportunos que pusieron en peligro la propia vida de Martinelli.

El proceso de juicio para el caso, inició en la Corte Suprema de Justicia, sin que la misma tuviese la competencia para realizarlo. El Magistrado de Garantías (¿?) Jerónimo Mejía, que tenía el deber de salvaguardar los derechos del acusado, insistió en mantener la competencia de la Corte, lo cual era a todas luces inconstitucional. Finalmente tuvo que desistir por orden de la misma Corte y se pasó al sistema SPA.

Esta experiencia sirvió para demostrar el uso del “lawfare” por parte del Gobierno, que por cinco años persiguió al ex presidente. Conclusión: Estado de Derecho tiene que ser refundado por una Constituyente.

*El autor es ingeniero.

 

 

El pecado original

ZETA, (CRISTOBAL SILVA).- El “pecado original” que persiste en la actual Constitución parece estar en la falta de separación e independencia administrativa y operativa real de los tres Órganos del Estado dada la injerencia del Ejecutivo, la que se deriva en gran parte de la estructura que crea y sostiene un sistema extremadamente presidencialista. Dicho sistema presidencialista se generó desde el diseño mismo de la constitución, el cual tenía como objetivo central, la transferencia del poder omnímodo concentrado en el desaparecido Cuartel Central de la Guardia Nacional que estaba ubicado en la Avenida A, hacia el Palacio de las Garzas en San Felipe.

Este diseño preveía la elección del General Omar Torrijos como siguiente presidente de la Republica, antes de firmar el nuevo Tratado del Canal. Al parecer, los Estados Unidos insistió en que Panamá debía realizar “nuevas elecciones democráticas” y tener una constitución luego del Golpe de Estado de 1968, que abolió la constitución aprobada en 1946, como requisito para poder firmar los nuevos Tratados.

Si no se elimina esta estructura de la constitución mediante una Asamblea Constituyente que prepare una nueva constitución, la situación persiste.

Por esta razón, simple reformas constitucionales, parciales y muy puntuales a temas que solo responden a intereses de algunos grupos o gremios, y que no se consultan con el verdadero soberano y dueño del poder constituyente que es el pueblo, serán siempre insuficientes y carentes de la legitimidad que debe acompañar a una constitución que rige para toda la nación y no solo para parte de la misma.

Reformas propuestas por el grupo denominado “Concertación Nacional”, la cual no fue creada para dictar reformas constitucionales y por ende se esta arrogando facultades de forma ilegal e inconsulta, carecen de la apropiación ciudadana y por ende no pueden ser aceptadas como legales y afines a los requerimientos de la ciudadanía, que actualmente reclama una verdadera refundación de la nación, la cual debe iniciar con la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución con el enfoque central de redimir el “pecado original” que tiene la constitución aún vigente.

El pueblo en general parece estar comprendiendo que una Asamblea Constituyente es la real solución para establecer nuevas y modernas normas constitucionales que sirvan para fundamentar nuevas políticas públicas que enfoquen a la obtención del Bien Común para todos los panameños. Actualmente hay organizaciones civiles recogiendo firmas para una convocatoria constitucional por iniciativa ciudadana, la cual seria la expresión más genuina del poder constituyente ciudadano.

Elecciones, quiero ser Presidente!

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA*).- Estamos a escasos seis meses del día de las próximas elecciones generales que deben realizarse el 5 de mayo del 2019. A diferencia de otras elecciones, en esta ocasión su incidencia sobre el futuro del país serían determinantes para permitirnos salir de las dificultades en que estamos debido a una decaída economía nacional, un estado de derecho colapsado y una prestación de los servicios sociales a los ciudadanos totalmente deficiente e irregular.

No mencionamos los aspectos relativos a la rampante corrupción que agobia a la administración de gobierno actual ya que al parecer el pueblo no presta mucha atención a este tema. Al ciudadano le interesa más que se resuelvan sus problemas inmediatos.

Lo que si es notorio es la cantidad de ciudadanos interesados en alcanzar la presidencia de la Republica. Con los de libre postulación, tendríamos entre siete u ocho candidatos presidenciales.

A todo esto, los ciudadanos parecen haber perdido la confianza en los partidos y sus líderes políticos. Muchos no saben por quién votarían ya que no logran identificar un claro liderazgo político y por otro lado las múltiples denuncias de corrupción ha llegado a tal punto que se ha iniciado una campaña de no reelección de nadie.

Los candidatos por la libre postulación parecen no tiene aún la capacidad estructural política que les permita aspirar a un triunfo electoral en mayo próximo. Adicionalmente, proceso de recolección de firmas para postularse exhibe deficiencias que entorpecen aún más la libre postulación.

*El autor es ingeniero y analista político.

Haciendo política de calidad

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Quizás algunos ha escuchado sobre la norma de gestión de calidad con mayor reconocimiento mundial que pertenece a la familia ISO 9000 de normas de sistemas de gestión de la calidad para cumplir con las expectativas y necesidades de empresas, entre otros beneficios.

Esta norma de gestión ayuda a controlar de manera continua la calidad de procesos en un sistema definido, sin distinción de la actividad a la cual se aplica. Podemos aplicarla en lo que corresponde a la ejecución de procesos relacionados con la política partidista?

Que factores son fundamentales en la práctica de una política de calidad? 1. desarrollo de un liderazgo transformador, con participación efectiva en decisiones. 2. Empatía, entender para ser entendido. 3. Credibilidad, actuar como se habla o dice, de forma precisa y clara; y 4. Inteligencia Emocional, armonizar, no imponer, aprender a escuchar para poder expresarse de acuerdo a las circunstancias.

Con estas prácticas, un líder político incluyente y participativo, suma electores en un ambiente de Ganar-Ganar, estableciendo un esquema operativo basado en el “Talento Político”. Los electores estarían satisfechos con esta clase de política partidista con liderazgo real y aplicando valores y principios.

Juega Vivos se están llevando el Canal

ZETA, (CRISTOBAL SILVA).- Ya hasta da miedo despertar en las mañanas y leer noticias relacionadas con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y con los funcionarios que administran esta importante vía acuática, cuya operación es esencial para el comercio a nivel mundial.

Primero se quieren repartir los activos existentes a lo largo de las orillas del Canal y proponen un denominado Puerto Corozal, el cual se licitarían con ventajas para algunos allegados al actual gobierno. De esta forma lograrían hacerse de un negocio portuario, que como todos los que son asociados a los servicios que presta el Canal, no tendría como perder y sería un “bingo” para algunos que sólo buscan como hacerse más ricos, a costillas de un bien que pertenece a todos los panameños.

Ahora, despertamos con la noticia que 33 funcionarios de la ACP se han arreglado una gira turística por Asia con todos los gastos pagos con dineros de todos nosotros, verdaderos dueños de la empresa ACP. Solamente una persona, miembro de la Junta Directiva se negó a ir en ese tour, lo cual es digno de alabar.

¿Qué es lo que pasa con estos “Directivos de la ACP”?, que para enardecernos más han nombrado al responsable del peor contrato de obras en la historia de Panamá como asesor, el Sr. Alberto A. Zubieta. En lugar de pedirle cuentas, lo premian.

Hay que detener esta rebatiña que intentan estos Directivos, aunque sea a pedradas, para enseñarles a respetar al pueblo.

La CSS: regresar a su diseño original

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- La seguridad social en Panamá, a la que llamamos folclóricamente como “el Seguro Social”, se entiende en la sociedad panameña como la forma de prestar bienestar social relacionado con la cobertura de necesidades reconocidas como las prestaciones de salud, la vejez y/o discapacidades.

Vale la pena mencionar que la Organización Internacional del Trabajo, considera crucial la protección que la sociedad proporcione a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales para evitar la reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte.

Esto conlleva la necesidad de dos subsistemas componentes de la seguridad social: a) uno de Pensiones, que tiene por objeto la cobertura de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, esencialmente. b) otro de Salud, que tiene por objeto garantizar a los afiliados el financiamiento y la seguridad de la prestación de los servicios de salud.

Recién se sugiere implementar dos subdirecciones para la administración de la institución, una para efectos de la prestación médica y otra para administrar los 33,000 empleados que tiene.

El diseño original de la CSS establecía una institución dedicada esencialmente a cuidar y administrar eficientemente los fondos de pensiones y jubilaciones de los afiliados. Luego se le agregó responsabilidades médicas que eran atinentes al Ministerio de Salud. Allí parece estar la génesis de las dificultades que enfrenta la CSS. Hay que regresar al diseño original.

La educación a título constitucional

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- La educación básica en Panamá es un derecho y un deber de la persona humana, sin ningún distingo social.

Corresponde al Estado el deber de organizar y dirigir el servicio publico de la educación, a fin de garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional, que incluye la educación oficial y la particular, impartida por personal privadas.

Sin embargo, constantemente la sociedad panameña se queja del mal servicio y estado en general de la educación que se imparte en el país, principalmente la corresponde al sector oficial. Es evidente que se tienen que cubrir las carencias y rezagos que se evidencian, con énfasis en las comunidades indígenas.

Al pretender redactar una nueva constitución, los miem¬bros de la Asamblea Constituyente tendrían que entrar a de¬cidir cuáles derechos sociales incorporar en la nueva constitución. ¿De¬ben salvaguardarse, con rango constitucional el derecho a la educación?

¿Qué hay del derecho a la vivienda y el derecho a una pensión, entre otros? Quizás algunos opinarían que debemos circunscri¬bir a nivel constitucional sólo los derechos tradicionales, como el derecho a la libertad de expresión, los derechos de propiedad y el derecho a la pri¬vacidad.

Los defensores de los derechos sociales casi siempre argumentan que cuando los mismos son reflejados en la Constitución, los estamentos políticos, por el ejemplo el Ejecutivo, se ven forzados a promover acciones que apunten servicios sociales de mejor calidad. Se percibe como una forma de obligar al poder político a moverse en la dirección para desarrollar esos derechos.

 

La inseguridad y el desempleo

ZETA, (CRISTOBAL SILVA).- Al terminar la Administración del Presidente Ricardo Martinelli, Panamá gozaba de pleno empleo, que de acuerdo a la definición de la OIT, eso significa que el nivel de desempleo en el país estaba en 4.5% o menos.

Hoy, a 39 meses de gobierno de JCVarela, y a pesar de los pronunciamientos del Ministro del MEF, el nivel de desempleo esta cerca del 8% y podría seguir incrementando sin visos a bajar. El gobierno nacional parece no tener la capacidad para diseñar pautas y políticas que hagan revertir esta tendencia.

¿Qué acompaña al desempleo que azota a los ciudadanos, profesionales clase media principalmente? Sin duda provoca un gran número de problemas familiares y económicos.

Muchos no pueden pagar hipotecas y pierden sus casas, no pueden pagar mensualidades de las escuelas para sus hijos y tienen que cambiarlos a otra y directamente anula la posibilidad de mantener una buena alimentación.

Estos son graves problemas que para los ciudadanos puede provocar hasta la destrucción familiar.

Adicionalmente, al no tener fuentes de ingresos idóneas, muchos tienen que incursionar en el campo de los actos delictivos, que incluye hasta delitos muy graves lo que tiene como resultado un aumento rampante de la inseguridad en el país, tal como todos estamos experimentando. Sin duda ambas situaciones, desempleo e inseguridad, tiene puntos de conexión entre si.

Ante todo esto, el gobierno parece no tener capacidad técnica ni administrativa para diseñar medidas para controlar la situación y revertir efectos de estos males.

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La segunda vuelta electoral

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Al ritmo que están saliendo los candidatos presidenciales por efecto de las primarias internas de los partidos, y los de libre postulación (por lo menos 3 candidatos), podríamos llegar a tener en la carrera presidencial por los menos unos 8 a 9 candidatos para mayo 2019.

En los países donde reiteradamente sucede este fenómeno de tener muchos candidatos presidenciales en las elecciones generales, el mecanismo que se plantea para dar un carácter de legitimidad y motivar una vía de aceptación ciudadana para el que resulte resulte vencedor en las elecciones generales, consiste en la modalidad conocida como el sistema de Segunda Vuelta electoral, también denominada como la modalidad del ”balotaje”.

La Segunda Vuelta busca promover que la declaración de Presidente Electo sea basada en el concepto de haber logrado el voto mayoritario del electorado.

Se evita así que el nuevo Presidente sea considerado como un Presidente sin la legitimidad esperada, por lo que siempre pudiera ser criticado y descalificado como un Presidente Electo de papelillo.

El argumento principal a favor de la doble ronda electoral es que el sistema genera partidos políticos flexibles, capaces de llegar acuerdos y compromisos pero además, contribuye también a moderar la política toda vez que sirve para castigar posturas extremistas o fundamentalistas y tiende a potenciar la política pragmática. Es un sistema adecuado para llegar a acuerdos políticos, los que generalmente implica concesiones recíprocas, que obligan a no acentuar sus diferencias políticas y a participar del juego electoral con más moderación.

La sombra de Odebrecht sobre el presidente, ¿qué sigue?

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Luego que se conocen en Panamá las declaraciones emitidas en España por el abogado Rodrigo Tacla Durán, quien fue el operador del esquema de distribución de coimas (operaciones estructuradas) por Odebrecht a nivel mundial, que en palabras llanas significa que era el encargado de canalizar los dineros a los varios beneficiarios alrededor del mundo, y en varios países de nuestra región.

El abogado Tacla menciona que el Presidente Varela recibió varios pagos depositados en cuenta bancaria en Hong Kong.

Esto concuerda con lo dicho por Fonseca semanas antes y corroborado por el abogado Sittón que hasta tenía la ruta de esos depósitos. Esto rompió la represa de contención del Tsunami que se avecina al Presidente Varela.

Lo peor de todo es que los Hnos.

Varela han salido a descalificar a Tacla y a desmentir las declaraciones, sin darse cuenta que esto agrava su situación porque ya nadie cree nada de lo que este dúo dice.

Tacla revolvió un poquito el estiércol y aparecieron los principales actores de la telenovela como el mismo Presidente la llamó. Tacla parece decir verdad.

Hay coincidencias.

Las piezas caen en su luga

Panamá, ¿se rehace o se destruye?

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Proporciones guardadas, tenemos algo similar a un gran pozo de petróleo, de donde fluye dinero diariamente cada vez que pasa un buque por el Canal y paga el peaje correspondiente. De producir para el Estado panameño unos B/. 900 millones anuales, dentro de poco estaría produciendo unos B/2,500 millones al año.

Con estas tremendas perspectivas económicas, ¿por qué en lugar de ir acercándonos al deseado primer mundo, en estos momentos los panameños sentimos que estamos en un franco retroceso para volver al tercer mundo?

Políticos, y algunos empresarios y gremios, que parecen no aprendieron nada con el golpe militar del 68, siguen en su lucha por ganar el poder político y asegurar control en las decisiones de gobierno.

La situación real es que estamos en medio de una crisis política, por poder, que esta destruyendo a pedazos la patria. Traiciones, “sacadera de tablas”, insultos y corrupción, y un Estado de Derecho vilipendiado y puesto contra el piso, nos esta llevando en corto plazo a una situación ingobernable.

Pero, siempre, “los buenos somos y seremos más”. Ha llegado la hora que los ciudadanos pongan un alto a esta vorágine destructiva. Es obligante que el gobierno convoque a todas las fuerzas vivas del país para dialogar y llegar a un Gran Concordato Nacional.

Esto se entiende como llegar a una Constituyente como solución más efectiva, pacífica y democrática para provocar una revolución reconstructiva en Panamá. Así sea!

Un balance necesario

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Al llegar al final de un año viejo que perece e inicia un nuevo año, es habitual que hagamos reflexiones sobre lo malo, lo feo y lo bueno que ocurrió en dicho año. Habrá siempre decepciones, dudas y nuevas esperanzas. El vaso termina medio vacío o medio lleno.

Me parece que el nuevo gobierno que inicia en julio 2019, no podrá tener las mejores perspectivas de éxito en su gestión si el nuevo Presidente electo no llega a entender que su gestión, cualquiera que se proponga, sería sumamente difícil de realizar si no convoca una Asamblea Constituyente. El estado de la Nación esta en una gran decaída que la refundación de la misma es impostergable. Son tantos los aspectos que requieren un nuevo enfoque que ya no admite soluciones a pedazos o parches para re enrumbar la nave de la Nación hacia un puerto seguro y de prosperidad.

El incumplimiento de la promesa que nos hizo la administración saliente, de convocar una Constituyente para tener una nueva Constitución, fue quizás la más grande decepción que sufrió la Nación panameña. Ojalá el nuevo Ejecutivo se dé cuenta de la necesidad de dar este paso.

Otra reflexión digna de tener en cuenta es la pertinente a la necesidad de reorganizar administrativamente y operativamente a la Caja de Seguro Social. Solucionar las deficiencias en cuanto al manejo del abastecimiento de medicamentos y dar una atención médica efectiva y oportuna son temas de prioridad en la agenda para esta institución. No menos que esto, esta la importancia de renovar el sistema de pensiones y jubilaciones y la asistencia en los casos de invalidez y muerte a todos los asegurados. No podemos descuidar resolver estos temas que afectan a todos los asegurados y aquellos que hoy son jubilados.

Una tercera reflexión clave es la que debemos hacer sobre las próximas elecciones de mayo 2019. Es importante que todos los panameños pensantes y preocupados por un mejor futuro para la Nación, poner atención sobre el tema de a quien se lo daría el voto electoral. Sin duda, debemos escoger personas que tengan en su agenda de trabajo la recreación del sistema de gobierno, en el cual se entre en la reorganización de la distribución del poder político y se promueva el equilibrio entre los Órganos del Estado, lo que podría denominarse un sistema de gobierno semipresidencialista.

Es necesario se elija un “Buen Gobierno”, el cual nos permita alcanzar el Bien Común para toda la sociedad. Con estas reflexiones principales en agenda, esperamos tener un mejor año en el 2019 y que todos reciban al nuevo año con alegría y deseos esperanzadores para la Nación.

*El autor es ingeniero.

 

Un nuevo rumbo

ZETA, (CRISTOBAL SILVA).- El primero de julio 2018 inició el último año del gobierno del Presidente Varela. Durante cuatro años, la ciudadanía panameña se ha quejado de un gobierno aletargado en su accionar, lo cual ha producido una ineficiencia administrativa de la cosa pública como nunca antes se había dado en Panamá.

Esta situación, aunada a circunstancias que denotan corrupción en los diversos estamentos del Estado, en sus diferentes niveles administrativos, ha provocado la mala calificación con lo que estaría saliendo del poder el actual Presidente.

Para aquellos que nos mantenemos predicando que el Estado de Derecho en el país esta colapsado, que la Constitución es pisoteada a diario y que hay una ausencia notoria de una verdadera aplicación de la justicia a los ciudadanos, nos mueve a resaltar que la nación debe darse un “Nuevo Rumbo”.

Los desaciertos y la ausencia de políticas nacionales, que dicten las pautas hacia la consecución del “bien común” para todos, parece alejarnos de toda posibilidad de alcanzar mejores niveles de bienestar en nuestra sociedad.

En consecuencia de lo anterior expresado, es urgente que adoptemos nuevas formas de hacer la política en Panamá. Hay que propiciar cambios que nos permitan tener un país con rumbo y estabilidad en todo sentido. Es decir, hay que lograr una transformación estructural profunda y compleja.

El primero de julio podría haberse convertirdo en ese momento inicial para que todos nos comprometamos a lograrlo. La clase política debe entenderlo así.

Un presidente rechazado

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- El día 30 de enero, ocurrió un acontecimiento nunca antes visto por los panameños. El pleno de la Asamblea de Diputados rechazó de forma muy clara, 52 votos a 18, una propuesta del Presidente de la República.

El propósito de ratificación de las dos abogadas designadas para iniciar como nuevas magistradas para la Corte Suprema, fue frustrado por la presión del pueblo que desde un principio levantó su voz en rechazo a tal proposición presidencial.

Este acto constituyó un hecho inédito e histórico y de mucho interés para los ciudadanos.

Por primera vez, a pesar de la Constitución de corte presidencialista que tenemos, preparada bajo la sombra de una dictadura militar en 1972, la que mantiene el poder político concentrado, el cual en su momento solo fue trasladado desde el cuartel de la Guardia Nacional en la Avenida A a la Presidencia en San Felipe, una propuesta del Presidente presentada ante la Asamblea es derrotada y de forma contundente.

Fue evidente que desde los inicios del proceso de ratificación, los ciudadanos mostraron gran interés en dar seguimiento a los acontecimientos.

También se evidenció una marcada tendencia contraria a expresar opiniones a favor de una aprobación, en virtud que se consideró que el Presidente había actuado de forma inconsulta, arbitraria y con poco transparencia.

Ante la Comisión de Credenciales, a quien toca pasar el primer examen en estos casos, desfiló un gran número de ciudadanos, de casi todos los estratos sociales.

Durante ese proceso se percibió y evidenció que las designadas no cumplían con requisitos fundamentales para la magistratura, como lo son, independencia, objetividad y suficiente experiencia, más allá de los técnico.

El día de la votación en la Asamblea, se vivió un ambiente de un plebiscito. El pueblo mostró su opinión generalizada en cuanto al desempeño, poco envidiable, del gobierno en estos tres y medio años de gestión.

Expresó su hastío ante el empeoramiento de la calidad de vida que se ha experimentado en el país con el gobierno del Sr, Varela.

Luego de recibir tan contundente derrota, el Presidente sale a ofrecer un discurso, sin ton ni son, aún defendiendo su propuesta, como si tratara de desconocer el querer del pueblo, el cual evidentemente había rechazado su propuesta.

Esto pareció un acto de terquedad y engreimiento de un Presidente que continua pensando que en lugar de ser un Presidente, es un rey, al cual de forma arrogante le dice a súbditos que tienen que aceptar sus decisiones, Si ó Si.

El pueblo habló y ganó. Días antes el Presidente había dicho que el “Estado siempre Gana”. Pero esta vez sin dudas, le tocó perder y el Presidente fue Rechazado.

Ing. Cristóbal Silva.

@cristobalsilva3

Varela no pasa por su mejor momento

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA*).- En estas dos últimas semanas, el Presidente Varela parece no tenerla todas consigo.

Lo hemos visto constantemente de mal humor, contrariado, con discursos que parecen estar totalmente desenfocados, con un tono altanero y soberbio al dirigirse a los periodistas y hasta los propios ciudadanos que lo inquietan con preguntas que no son de su mejor agrado.

Lastimosamente, el Presidente refleja un lenguaje corporal que poco le sirve al momento de presentarse ante los ciudadanos.

Se nota confundido al tratar de defender una posición que haya adoptado y muy perturbado ante las críticas que se le hagan a su administración.

Esto lo hace que se perciba como un gobernante poco confiable, que más que empatía con el pueblo genera apatía, una apatía que se genera fundamentada en la hipocresía y el cinismo de un dirigente con una aureola de falsedad y una imagen que los panameños perciben refleja un grado de deshonestidad.

Cuando no se habla con la verdad y se pretende esconder la misma en redes de mentiras, la sociedad que es el juez supremo en lo que respecta a la política y por ende es la base del estado o nación, la sociedad puede llegar a sentirse engañada, vulnerada y principalmente usada.

En ese preciso momento, el país puede unificar criterios y reclamar con toda legitimidad el derecho que le asiste a vivir en una sociedad justa, equitativa, conminando al gobernante a trabajar para el pueblo y por el pueblo.

*El autor es ingeniero.