Cristobal Silva

La Recuperación Económica post pandemia: ¿Cómo y Cuándo?

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- La recuperación económica para enfrentar los efectos ocasionados por la crisis generada por la pandemia debe empezar con programas de rescate, de sustitución de renta para los afectados más vulnerables, con medidas como la flexibilización de pagos por los servicios públicos recientemente aprobados, pero aún no sancionados.

Otras opciones como el “teletrabajo” resultarían conveniente para empresarios y trabajadores e inclusive para la educación a distancia, la que sería algo más económica.

Sin duda, la recuperación será un proceso gradual por fases.

El aislamiento y las medidas para inmovilizar la población, que aún no sabemos cuando podría finalizar en virtud que depende de la propia evolución de los contagios, obligan a este tipo de procedimiento.

La paralización inducida casi total en sectores claves para la economía nacional, algunos de los cuales son muy intensivos en mano de obra, como la construcción, el comercio de las PYMES, el turismo y las actividades agrícolas, son los principales temas a encarar para la reactivación.

Logrado el control de la actividad viral, entraríamos en una fase de estabilización. No obstante, algunas restricciones aún se mantendrían para evitar rebrotes. Esta fase, según expertos, podría durar tal vez seis meses.

Al final de la misma, se espera que las empresas estén en mejor posición de liquidez para reestablecer empleos y alimentar dinero en el sistema, lo cual es básico para entrar en la fase final de la propia recuperación.

La recuperación post pandemia, no significa regresar al mundo prepandemia. Cambiaran nuestros hábitos, con un sentido renovado de la humanidad y con la retoma de los valores de la familia.

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Cristóbal Silva

¿Como afecta la pandemia el suministro de energía eléctrica?

ZETA, (CRISTOBAL SILVA).- Como en todas las sociedades modernas, Panamá es un país en el cual tenemos una dependencia importante en el suministro confiable de la energía eléctrica.

Con el advenimiento de la crisis causada por el coronavirus, el suministro de electricidad va a ser crucial, especialmente para los hospitales, a fin de mantener operativos con la máxima continuidad a los ventiladores para la respiración auxiliada de los contagiados, así como muchos otros equipos médicos necesarios. Otros aspectos importantes serían los relacionados con:

(i) la nueva de comunicación en el sector laboral para permitir la continuidad de la producción a través de esquemas de teletrabajo,

(ii) la educación a distancia vía on-line y

(iii) la necesidad de entretenimiento para sobrellevar el aislamiento o cuarentena para lo cual las personas estarían conectadas a través de sus teléfonos, computadoras y otros aparatos electrónicos.

Con este nuevo panorama, es necesario garantizar el acceso a los servicios de suministro de electricidad, para lo cual la disponibilidad confiable de la infraestructura eléctrica es vital, así como asegurar la adecuada operación y mantenimiento de la misma. La asequibilidad de los servicios para todos los usuarios, particularmente para aquellos de menores ingresos es imprescindible.

Un reto limitante para el sistema, serían las interrupciones frecuentes, lo que reduce las horas de acceso a la energía. Estos eventos deben minimizarse a fin de evitar el desabasto de los usuarios residenciales y, particularmente, el de los centros de salud y de otros servicios esenciales para atender situaciones durante esta crisis. En caso extremo, una forma de enfrentar la situación sería con equipamiento de respaldo para garantizar el suministro. 

En virtud de lo anterior, en una crisis como la actual donde la población más vulnerable, los trabajadores informales y los pequeños empresarios, se genera un grupo de consumidores que tendrán que acogerse a una moratoria para diferir pagos por el servicio de energía. Esto plantea retos interesantes para el sistema eléctrico, como:

1. Garantizar un suministro suficiente, continuo y de alta calidad en centros de salud y en otros centros de servicios básicos como el suministro de agua potable. 

2. Proveer mecanismos para garantizar acceso a los servicios de energía, tanto para la población vulnerable como para la población en general, los que verían afectados sus ingresos, y por ende su capacidad de pago, considerablemente como consecuencia de la pandemia.

3. Establecer una estrategia para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del sector, considerando las pérdidas de ingresos por la disminución de la demanda y por las moratorias o la falta de pagos por la provisión del servicio.

 

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Cristobal Silva

El final de una saga de persecución

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- El pasado 9 de agosto, llegó a su fin, por lo menos en su primera fase, la saga conocida como los “pinchazos telefónicos”, cuya ejecución intelectual fue atribuida al ex presidente Ricardo Martinelli. Su guión caracterizado por un alto contenido novelesco, finalizó con un fallo absolutorio unánime y total de toda culpa de los cargos hechos a Martinelli.

Este proceso nació con claras evidencias de violaciones de todos los derechos humanos y constitucionales correspondientes al Sr. Martinelli. La saga, como le hemos denominado, estuvo minada de una gran número de procedimientos irregulares, desde que inicio con su detención en Miami, hasta que llegó a Panamá extraditado.

Durante el juicio, se pusieron en evidencia un sinnúmero de violaciones, torturas físicas y emocionales y hasta la negación de servicios médicos oportunos que pusieron en peligro la propia vida de Martinelli.

El proceso de juicio para el caso, inició en la Corte Suprema de Justicia, sin que la misma tuviese la competencia para realizarlo. El Magistrado de Garantías (¿?) Jerónimo Mejía, que tenía el deber de salvaguardar los derechos del acusado, insistió en mantener la competencia de la Corte, lo cual era a todas luces inconstitucional. Finalmente tuvo que desistir por orden de la misma Corte y se pasó al sistema SPA.

Esta experiencia sirvió para demostrar el uso del “lawfare” por parte del Gobierno, que por cinco años persiguió al ex presidente. Conclusión: Estado de Derecho tiene que ser refundado por una Constituyente.

*El autor es ingeniero.

 

 

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Cristobal Silva

Constituyente versus Diálogo Reformista

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Gobierno Nacional, ha decidido solicitar a la Asamblea Nacional), retirar el proyecto de Reformas Constitucionales que había sido aprobado en primer debate del Pleno.

Esta decisión se fundamenta en el hecho que ahora se pretende establecer un denominado Diálogo Nacional, que se asume intenta propiciar una mayor participación de diversas organizaciones y sectores representativos de la ciudadanía, según un Memorándum de Entendimiento (MOU) acordado con el PNUD, organismo internacional que fungiría como facilitador de dicho diálogo.

En la estructura del MOU se establecen un par de Comisiones integradas por “personalidades”, seleccionadas de forma “científica y muy selectiva” que estarían interactuando con los varios proponentes de propuestas para establecer una serie de “reformas”, en el mismo estilo de las reformas propuestas por el grupo de la Concertación Nacional.

Estas Comisiones dirigirían y coordinarían el Diálogo propuesto.

Las consultas previas a la preparación de un proyecto de modificaciones constitucionales, preferiblemente una Constituyente, son acciones loables y adecuadas.

En estas consultas se debe procurar encontrar los puntos de coincidencia que apoya la sociedad de forma tal que se proceda luego a la preparación de una constitución con temas consensuados, que se someterían a debates formales para darle la forma final oficial a la misma. Esto es un proceso constituyente efectivo.

Hay que tener en cuenta que esto no es un tema “superficial ni elitista”. Se debe involucrar a todos los panameños realmente interesados en sentar las bases para tener una nación con instituciones modernas y con la finalidad de consolidar una sociedad participativa, con plena justicia, con igualdad de oportunidades para todos, sin excepciones ni discriminaciones, y con la finalidad de procurar el bienestar o Bien Común para todos.

En síntesis, el Gobierno actual trata de continuar con la idea de proponer reformas, en lugar de una Asamblea Constituyente, que es la propuesta de la mayoría de los panameños.

El MOU propone una estructura organizativa” en la cual las autoridades de gobierno ceden su protagonismo y dirección a un ente externo, con “expertos” que quizás no conocen a cabalidad la idiosincrasia y expectativas constitucionales de los panameños.

El grado de alfabetización constitucional de los panameños no es tan avanzado, por lo que se crea el riesgo que esta metodología tendría un mayor rechazo por parte de las organizaciones populares que consideran que este es un tema muy de los panameños.

Finalmente, a pesar de la decisión del Gobierno, vale la pena repensar la misma, bajo la óptica de que si queremos una Constituyente o se sigue con un proceso reformista que ha sido rechazado, principalmente por la juventud estudiosa y panameños sensatos y decentes. Evidentemente, no nos conviene que este proceso resulte en un fracaso total.

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Cristobal Silva

El pecado original

ZETA, (CRISTOBAL SILVA).- El “pecado original” que persiste en la actual Constitución parece estar en la falta de separación e independencia administrativa y operativa real de los tres Órganos del Estado dada la injerencia del Ejecutivo, la que se deriva en gran parte de la estructura que crea y sostiene un sistema extremadamente presidencialista. Dicho sistema presidencialista se generó desde el diseño mismo de la constitución, el cual tenía como objetivo central, la transferencia del poder omnímodo concentrado en el desaparecido Cuartel Central de la Guardia Nacional que estaba ubicado en la Avenida A, hacia el Palacio de las Garzas en San Felipe.

Este diseño preveía la elección del General Omar Torrijos como siguiente presidente de la Republica, antes de firmar el nuevo Tratado del Canal. Al parecer, los Estados Unidos insistió en que Panamá debía realizar “nuevas elecciones democráticas” y tener una constitución luego del Golpe de Estado de 1968, que abolió la constitución aprobada en 1946, como requisito para poder firmar los nuevos Tratados.

Si no se elimina esta estructura de la constitución mediante una Asamblea Constituyente que prepare una nueva constitución, la situación persiste.

Por esta razón, simple reformas constitucionales, parciales y muy puntuales a temas que solo responden a intereses de algunos grupos o gremios, y que no se consultan con el verdadero soberano y dueño del poder constituyente que es el pueblo, serán siempre insuficientes y carentes de la legitimidad que debe acompañar a una constitución que rige para toda la nación y no solo para parte de la misma.

Reformas propuestas por el grupo denominado “Concertación Nacional”, la cual no fue creada para dictar reformas constitucionales y por ende se esta arrogando facultades de forma ilegal e inconsulta, carecen de la apropiación ciudadana y por ende no pueden ser aceptadas como legales y afines a los requerimientos de la ciudadanía, que actualmente reclama una verdadera refundación de la nación, la cual debe iniciar con la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución con el enfoque central de redimir el “pecado original” que tiene la constitución aún vigente.

El pueblo en general parece estar comprendiendo que una Asamblea Constituyente es la real solución para establecer nuevas y modernas normas constitucionales que sirvan para fundamentar nuevas políticas públicas que enfoquen a la obtención del Bien Común para todos los panameños. Actualmente hay organizaciones civiles recogiendo firmas para una convocatoria constitucional por iniciativa ciudadana, la cual seria la expresión más genuina del poder constituyente ciudadano.

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Cristobal Silva, Constitución de Panamá