Cristobal Silva

Constituyente versus Diálogo Reformista

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Gobierno Nacional, ha decidido solicitar a la Asamblea Nacional), retirar el proyecto de Reformas Constitucionales que había sido aprobado en primer debate del Pleno.

Esta decisión se fundamenta en el hecho que ahora se pretende establecer un denominado Diálogo Nacional, que se asume intenta propiciar una mayor participación de diversas organizaciones y sectores representativos de la ciudadanía, según un Memorándum de Entendimiento (MOU) acordado con el PNUD, organismo internacional que fungiría como facilitador de dicho diálogo.

En la estructura del MOU se establecen un par de Comisiones integradas por “personalidades”, seleccionadas de forma “científica y muy selectiva” que estarían interactuando con los varios proponentes de propuestas para establecer una serie de “reformas”, en el mismo estilo de las reformas propuestas por el grupo de la Concertación Nacional.

Estas Comisiones dirigirían y coordinarían el Diálogo propuesto.

Las consultas previas a la preparación de un proyecto de modificaciones constitucionales, preferiblemente una Constituyente, son acciones loables y adecuadas.

En estas consultas se debe procurar encontrar los puntos de coincidencia que apoya la sociedad de forma tal que se proceda luego a la preparación de una constitución con temas consensuados, que se someterían a debates formales para darle la forma final oficial a la misma. Esto es un proceso constituyente efectivo.

Hay que tener en cuenta que esto no es un tema “superficial ni elitista”. Se debe involucrar a todos los panameños realmente interesados en sentar las bases para tener una nación con instituciones modernas y con la finalidad de consolidar una sociedad participativa, con plena justicia, con igualdad de oportunidades para todos, sin excepciones ni discriminaciones, y con la finalidad de procurar el bienestar o Bien Común para todos.

En síntesis, el Gobierno actual trata de continuar con la idea de proponer reformas, en lugar de una Asamblea Constituyente, que es la propuesta de la mayoría de los panameños.

El MOU propone una estructura organizativa” en la cual las autoridades de gobierno ceden su protagonismo y dirección a un ente externo, con “expertos” que quizás no conocen a cabalidad la idiosincrasia y expectativas constitucionales de los panameños.

El grado de alfabetización constitucional de los panameños no es tan avanzado, por lo que se crea el riesgo que esta metodología tendría un mayor rechazo por parte de las organizaciones populares que consideran que este es un tema muy de los panameños.

Finalmente, a pesar de la decisión del Gobierno, vale la pena repensar la misma, bajo la óptica de que si queremos una Constituyente o se sigue con un proceso reformista que ha sido rechazado, principalmente por la juventud estudiosa y panameños sensatos y decentes. Evidentemente, no nos conviene que este proceso resulte en un fracaso total.

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Cristobal Silva

El final de una saga de persecución

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- El pasado 9 de agosto, llegó a su fin, por lo menos en su primera fase, la saga conocida como los “pinchazos telefónicos”, cuya ejecución intelectual fue atribuida al ex presidente Ricardo Martinelli. Su guión caracterizado por un alto contenido novelesco, finalizó con un fallo absolutorio unánime y total de toda culpa de los cargos hechos a Martinelli.

Este proceso nació con claras evidencias de violaciones de todos los derechos humanos y constitucionales correspondientes al Sr. Martinelli. La saga, como le hemos denominado, estuvo minada de una gran número de procedimientos irregulares, desde que inicio con su detención en Miami, hasta que llegó a Panamá extraditado.

Durante el juicio, se pusieron en evidencia un sinnúmero de violaciones, torturas físicas y emocionales y hasta la negación de servicios médicos oportunos que pusieron en peligro la propia vida de Martinelli.

El proceso de juicio para el caso, inició en la Corte Suprema de Justicia, sin que la misma tuviese la competencia para realizarlo. El Magistrado de Garantías (¿?) Jerónimo Mejía, que tenía el deber de salvaguardar los derechos del acusado, insistió en mantener la competencia de la Corte, lo cual era a todas luces inconstitucional. Finalmente tuvo que desistir por orden de la misma Corte y se pasó al sistema SPA.

Esta experiencia sirvió para demostrar el uso del “lawfare” por parte del Gobierno, que por cinco años persiguió al ex presidente. Conclusión: Estado de Derecho tiene que ser refundado por una Constituyente.

*El autor es ingeniero.

 

 

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Cristobal Silva

Consensos…Constituyente…Progreso

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- El nuevo Presidente electo Nito Cortizo, del partido PRD, tiene una gran tarea de reconstrucción nacional por delante. Por suerte, el Sr. Cortizo se ha dado cuenta que para poder iniciar este mandato que le ha otorgado el pueblo mediante las elecciones pasadas, necesita alcanzar consensos con todas las fuerzas vivas del país.

De esto ha hablado en varias ocasiones luego de su triunfo electoral. Los consensos, no solo serían con los gremios empresariales, de trabajadores, profesionales en general y hasta jubilados. Esta no es una idea nueva, sino es la forma más eficiente de llegar a acuerdos aceptados por la mayoría de los afectados por las decisiones que se tomen como gobernante.

La forma más efectiva, pacífica y democrática para generar cambios trascendentales, como lo es la refundación de la nación, es una Asamblea Constituyente. Tal como se ha hecho en otras sociedades, como la de España después de Franco, donde se reunieron los líderes políticos para llegar a un consenso que desembocó en el conocido “Pacto de la Moncloa”, mediante el cual se proponía reconstruir el Estado de Derecho luego de una dictadura. Hasta los comunistas participaron en un intercambio de concesiones para lograr un Gran Concordato.

Con esta Constituyente a la española, se establecieron los principios para realizar un programa económico y político para estabilizar la administración de un país fragmentado, el cual estaba acechado por la pobreza y las sombras de inestabilidad social. Esta situación guarda similitudes con lo que tenemos hoy día en nuestro país, aunque algunos lo rebatan por favoritismo político.

El Sr. Cortizo parece estar al tanto de los cambios inminentes que necesita la debilitada institucionalidad del país. Reorganizar el Seguro Social, fortalecer y modernizar el sector educación, rescatar el sector agro, el alto y creciente desempleo, acortar la brecha en la distribución de la riqueza, reorganizar el Poder Judicial y levantar del piso al pisoteado Estado de Derecho, reorganizar las estructuras del Poder Legislativo y del mismo Ejecutivo, entre otras tantas necesidades. Todo este conjunto de aspectos que afectan el Progreso Nacional deben ser analizados desde le óptica de una Constituyente, por la diversidad de los temas y el alcance de los mismos.

Dado el propósito de una Constituyente, no se puede argumentar que la misma desestabilizaría el país, creando caos e incertidumbre que ahuyentaría la inversión interna y externa. Nada más alejado de la realidad que persigue este tipo de acciones. Proponer reformas parciales es equivalente a un efecto de “parcheo”. Hay que proponer Progreso, no más de lo mismo. Aconsejamos, como ciudadano preocupado, al nuevo Presidente no caer en este tipo de trampas. El país hoy necesita cambios fundamentales, no cosméticos. Le tomo su palabras Sr. Cortizo.

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Cristóbal Silva

El pecado original

ZETA, (CRISTOBAL SILVA).- El “pecado original” que persiste en la actual Constitución parece estar en la falta de separación e independencia administrativa y operativa real de los tres Órganos del Estado dada la injerencia del Ejecutivo, la que se deriva en gran parte de la estructura que crea y sostiene un sistema extremadamente presidencialista. Dicho sistema presidencialista se generó desde el diseño mismo de la constitución, el cual tenía como objetivo central, la transferencia del poder omnímodo concentrado en el desaparecido Cuartel Central de la Guardia Nacional que estaba ubicado en la Avenida A, hacia el Palacio de las Garzas en San Felipe.

Este diseño preveía la elección del General Omar Torrijos como siguiente presidente de la Republica, antes de firmar el nuevo Tratado del Canal. Al parecer, los Estados Unidos insistió en que Panamá debía realizar “nuevas elecciones democráticas” y tener una constitución luego del Golpe de Estado de 1968, que abolió la constitución aprobada en 1946, como requisito para poder firmar los nuevos Tratados.

Si no se elimina esta estructura de la constitución mediante una Asamblea Constituyente que prepare una nueva constitución, la situación persiste.

Por esta razón, simple reformas constitucionales, parciales y muy puntuales a temas que solo responden a intereses de algunos grupos o gremios, y que no se consultan con el verdadero soberano y dueño del poder constituyente que es el pueblo, serán siempre insuficientes y carentes de la legitimidad que debe acompañar a una constitución que rige para toda la nación y no solo para parte de la misma.

Reformas propuestas por el grupo denominado “Concertación Nacional”, la cual no fue creada para dictar reformas constitucionales y por ende se esta arrogando facultades de forma ilegal e inconsulta, carecen de la apropiación ciudadana y por ende no pueden ser aceptadas como legales y afines a los requerimientos de la ciudadanía, que actualmente reclama una verdadera refundación de la nación, la cual debe iniciar con la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución con el enfoque central de redimir el “pecado original” que tiene la constitución aún vigente.

El pueblo en general parece estar comprendiendo que una Asamblea Constituyente es la real solución para establecer nuevas y modernas normas constitucionales que sirvan para fundamentar nuevas políticas públicas que enfoquen a la obtención del Bien Común para todos los panameños. Actualmente hay organizaciones civiles recogiendo firmas para una convocatoria constitucional por iniciativa ciudadana, la cual seria la expresión más genuina del poder constituyente ciudadano.

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Cristobal Silva, Constitución de Panamá

Dos semanas antes de las elecciones generales

ZETA, (CRISTÓBAL SILVA).- Estamos a unos escasos 15 días de expresar en las urnas las preferencias y decisiones de cuatro millones de panameños que vuelven, tal como lo hacen cada cinco años, a escoger las nuevas autoridades que se encargaran de la administración del próximo gobierno nacional.

Este proceso electoral, en virtud del nuevo código electoral, ha sido atípico respecto a lo que se acostumbraba antes.

Restricciones en el gasto y campañas relativamente cortas, que impiden que los ciudadanos lleguen a conocer a fondo a los candidatos y sus propuestas, ha sido la tónica.

El Tribunal Electoral, el cual mantiene un control absoluto de todo el proceso, introdujo la modalidad de los denominados debates entre los candidatos presidenciales, que a la postre resultaron meros conversatorios estilo la presentación de una tesis de graduación en la Universidad, sin decir en cual.

A pesar que se dice mucho que este es un proceso requerido para mantener la democracia en nuestro país, en realidad a lo que se refiere es a una nueva lucha por el poder político.

La intervención del poder económico para favorecer a sus candidatos preferidos en función de mantener sus opciones de control en el quehacer nacional es evidente, y genera el comportamiento conocido como el clientelismo electoral, el cual es necesario erradicar aunque es una tarea difícil en virtud de la cantidad de dinero que se mueve para mantenerlo.

Los ciudadanos, sometidos por sus frustraciones y necesidades económicas, están sujetos a aceptar toda clase de dádivas y prebendas para sacar, como me dicen algunos, “del gato aunque sea un pelo”.

Los siete candidatos presentados, en sus conversatorios han mencionados algunos de los problemas que agobian al país; la deficiente prestación de los servicios médicos, deficiencias en el sector de educación, inseguridad, el agro y hasta la falta de agua potable en muchos sitios.
Pero en esencia, el tema central al que le dedicaron la mayor cantidad del tiempo fue a la corrupción, tema que para el ciudadano común no le resuelve sus necesidades y por eso no le interesa mucho.

¿Como luchar contra la corrupción? La forma más eficiente es recreando el Estado de Derecho que está colapsado. Sin una administración de justicia, en la que las leyes no sean tergiversadas y utilizadas para la persecución política, tema conocido como “lawfare”, no habrá forma de tener paz y una seguridad de castigo al que sea encontrado culpable en estricto derecho.

Por lo tanto, es preciso elegir un próximo presidente que asegure una renovación de la institucionalidad general del país, convocando un Gran Concordato para lograr el llamado a una Asamblea Constituyente en la cual el pueblo participe de forma efectiva y directa.

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Cristobal Silva