Publicado: 27/12/2019

Legalidad de cargo de Javier Caraballo será examinado por la Corte

Legalidad de cargo de Javier Caraballo será examinado por la Corte

ZETA.- El magistrado de la Corte Suprema de Justicia admitió este viernes, 27 de diciembre, una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento del fisal, Javier Caraballo como suplente del Procurador General, Eduardo Ulloa.

Arrocha dijo en un comunicado que la demanda fue presentada por Igor Jomir Herrera Brugiati.

Le corresponderá al pleno de la Corte Suprema decidir si el nombramiento de Caraballo como suplente es inconstitucional.

Un grupo de juristas cree que la designación es potestad del propio Procurador y no del Órgano Ejecutivo.

Comunicado del Magistrado Olmedo Arrocha Osorio

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha Osorio, en Sala Unitaria, admitió este viernes 27 de diciembre de 2019, la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Igor Jomir Herrera Brugiati, para que se declare inconstitucional la Resolución N° 112 de 17 de diciembre de 2019, expedida por la Asamblea Nacional de Diputados. (Por la cual se aprueba el nombramiento de Javier Enrique Caraballo Salazar como suplente del Procurador General de la Nación).

De acuerdo al argumento del demandante, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tendría que analizar la posible contradicción entre dos normas constitucionales en cuanto al nombramiento de suplentes para el cargo de Procurador General de la Nación.

Este contexto de discusión no es usual en las demandas de inconstitucionalidad, por lo que se hace necesaria la intervención interpretativa de esta Corporación de Justicia, para definir la situación y así contribuir a garantizar la democracia y la estabilidad institucional, como postulados del preámbulo de nuestra Constitución.

Esta acción de inconstitucionalidad, le fue adjudicada al Magistrado Arrocha Osorio mediante las reglas de reparto contenidas en el artículo 106 y 107 del Código Judiciales, el pasado 23 de diciembre de 2019.

De acuerdo al procedimiento establecido, se procederá a correrle traslado de esta acción a la Procuraduría de la Administración, por el término establecido, toda vez que por Ley debe emitir una opinión sobre el fondo de la discusión.

De igual forma, advierte que posteriormente se abre la fase de alegatos, para que cualquiera que tenga interés de opinar lo pueda hacer.

 

 

 

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