Suspendida audiencia por caso a exrector de la UP

DgJmI1PW0AAdS2gZETA.- El Juzgado Decimocuarto de lo penal suspendió la audiencia preliminar que estaba programada para este miércoles 20 de junio a las 9:00 a.m., luego que fuera presentado un recurso de apelación por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, en contra de la admisión de un incidente de controversia presentado por el abogado Armando Fuentes, contra la indagatoria de su representado Roberto Alonso Jiménez, imputado por la supuesta comisión del delito contra la administración pública y contra la fe pública.

La juez Vilma Gicela Urieta, mediante auto vario N° 77 del 26 de marzo de 2018, que admitió el incidente de controversia, consideró que en las constancias procesales que obran dentro del dossier penal, entre los elementos utilizados por la agencia de instrucción para formular cargos al prenombrado, en el contrato bajo estudio, se observó que la firma que refrenda los mismos no corresponde a la del encausado.

Se explica también que, “se utilizó como elemento de vinculación, el informe de auditoría 034-190-2016, elaborado por Maribel Tuñon y Delia Herrera, donde al momento de su ratificación las mismas no hacen mención del imputado, solo aluden a que el contrato bajo estudio no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley de Contrataciones Públicas”.

“También vemos que, otro de los elementos con que se vinculó al encausado es la certificación de la constitución del consorcio, cabe señalar, que si bien es cierto aparece como parte de la sociedad, también es cierto, que dicho actuar no constituye delito alguno, así como tampoco, resultó ser la persona que refrendo el contrato”, señaló la juez Urieta.

Además, con referencia al delito imputado de peculado, el Tribunal consideró que no es cónsono con su labor, toda vez que las funciones que desempeñaba, no correspondía al sector público.

Finalmente, indica el Auto que “se puede deducir del estudio de la presente solicitud, que los cargos formulados por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, no son suficientes para vincular al encausado, toda vez, que dentro del dossier, no obra, ni tan siquiera prueba indiciaria en su contra, toda vez, que lo único que se ha podido probar dentro del cuaderno penal, es su participación dentro la sociedad bajo estudio”.

Por lo antes expuesto, el Juzgado Decimocuarto de Circuito de lo Penal, con fundamento en las disposiciones legales contempladas en los artículos 701, 1993, 2045 y 2092 del Código Judicial, admite la solicitud planteada en el incidente de controversia por el licenciado Armando Fuentes, contra la diligencia del 24 de octubre de 2017, proferida por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.

Al ser apelada esta resolución, el Tribunal, mediante oficio del 4 de mayo de 2018, remite la causa penal al Segundo Tribunal Superior de Justicia, y una vez resuelto el mismo, el Juzgado agendará una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar.

Este caso guarda relación al contrato entre la Universidad de Panamá y un consorcio, por el alquiler de 21 hectáreas de tierras ubicadas cerca del Aeropuerto Internacional de Tocumen, por un precio de tan solo 18 centavos el metro cuadrado, a un plazo de 40 años, causando un perjuicio patrimonial al Estado por más de 8.5 millones de dólares

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ZETA.- El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), informa que se han realizado cambios en la zona perimetral del Centro Penitenciario El Renacer, ubicado en Gamboa,  por razones estrictamente de seguridad basadas en las leyes.

La Ley 55 del 30 de julio de 2003, que reorganiza el sistema penitenciario panameño, define las funciones del Sistema Penitenciario como el encargado de servir de custodia y seguridad a las personas que se encuentran en detención preventiva, además de mantener en reclusión a aquellas personas que cumplen sanciones administrativas, de carácter penal y medidas  de seguridad, garantizándole el respeto a los derechos humanos.

Asimismo la Ley 55 indica que el Sistema Penitenciario aportará e incorporará el instrumental y tecnología necesarios para facilitar la labor de vigilancia y seguridad de los centros penitenciarios, que incluye la seguridad interna y externa.

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ZETA.- En momentos en que el país reclama acciones que fortalezcan la institucionalidad del país, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) respalda las acciones que adelanta la Contraloría General de la República de Panamá en cumplimiento de las atribuciones que le corresponden al realizar procesos de verificación y control sobre el uso de los bienes públicos.

La CAPAC, como organización íntimamente vinculada a la gestión pública, cuyos miembros actúan como agentes ejecutores de las obras que construye el Estado, apoya la posición asumida por la Contraloría al iniciar auditorías y procesos de verificación sobre el debido uso de los bienes públicos.

Señala la CAPAC que, a su vez mantiene la seguridad de que la acción fiscalizadora se extenderá al control de otros actos públicos como es el caso de los procedimientos para la contratación de obras, el cual ha sido fuertemente criticado.

Mediante una nota enviada al contralor, Federico Humbert, se reconoce que sus actuaciones responden a los mejores intereses de la sociedad panameña, ya que el funcionario a quien le corresponda ejercer esa función, gozará de la admiración de muchos y el cuestionamiento de otros.

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El Gobierno de la República de Panamá expresa su preocupación por la situación que viven familias centroamericanas que están siendo separadas por su condición de migrantes en los Estados Unidos, dejando a niños y adolescentes desamparados.

Panamá ha promovido siempre un manejo humantario ante el incremento de movimientos migratorios a nivel global, donde se garanticen flujos seguros y ordenados, respetando ante todo los derechos humanos. En el marco de la Cumbre de Laureados y Líderes por los Niños 2018, Panamá ha tenido una activa participación en la búsqueda de soluciones que aseguren el pleno ejercicio de los derechos de quienes representan nuestro presente y futuro, aportando la negociación del primer pacto sobre migrantes y refugiados, que aborde los desafíos que enfrentan los niños afectados por la migración y el trabajo infantil. Es en esta línea que la comunidad internacional debe trabajar.

En este sentido, el Gobierno de Panamá hace un llamado abordar la situación migratoria de manera integral, con acciones que garanticen la reunificación familiar de quienes están siendo afectados, y el más estricto respeto de los derechos de estas familias y en especial los niños y adolescentes.

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ZETA.- El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá decidiò de manera unànime mantener bajo arresto preventivo al expresidente Ricardo Martinelli, quien està acusado de cuatro delitos por la causa de los pinchazos telefónicos.

Martinell fue extraditado desde Estados Unidos, el pasado 11 de junio, tras mantenerse detenido en ·Estados Un idos luchando contra el envìo a Panamà.

La Corte dijo que la defensa de Martinelli no pudo probar que estaba gravamente enfermo y advirtiò que sus dolencias podìan ser atendidas en la prisiòn El Renacer.

El Renacer en una zona semiselvática del Canal, fue una prisiòn controlada por Estados Unidos entre 1914 y 1979 cuando controlò el Canal de Panamà y mantenìa un territorio autònomo llamado la Zona del Canal.

Igualmente, la Corte advirtiò que no le podìa reconocer para liberarlo, el año que estuvo detenido en Estados Unidos.

Empero, le reconocerìa esos doce meses, como descuento, si es condenado.

Martinelli podrìa enfrentar hasta 21 años de prisiòn, tal como pidiò la fiscalìa, por escuchar ilegalmente las conversaciones de 150 opositores a través del organismo de espionaje oficial, el Consejo de Seguridad de Panamà.

Martinelli dijo que es inocente y un perseguido polìtico de su exvicepresidente, el presidente Juan Carlos Varela.

El pròximo 21 de junio, Martinelli enfrentará una audiencia de formulaciòn de los cargos, antes del juicio de fondo.

La Corte Suprema debe juzgar a Martinelli, en su condición de diputado del Parlamento Centroaméricano (PARLACEN).