MANAGUA, (VOANEWS).- Este domingo el general Humberto Ortega, hermano del presidente de Nicaragüa Daniel Ortega, pidió al cardenal Leopoldo Brenes que sea garante del diálogo tras las fuertes jornadas de protestas de civiles contra el gobierno en las que perdieron la vida al menos 25 personas.

Empresarios nicaragüenses rechazaron dialogar con el gobierno de Daniel Ortega, hasta que "se detenga la represión, se libere a los detenidos, y se garantice la plena libertad de expresión", en medio de la oleada de manifestaciones de civiles.

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega accedió a dialogar el sábado tras mortales protestas a favor y en contra de una polémica reforma a la Ley de de Seguro Social decretada por el gobernante a mediados de semana.

Las calles en Managua amanecieron desoladas la mañana del sábado, pero la calma duró poco tras la intervención del mandatario nicaraguense.

Ortega, quién no se había pronunciado desde el inicio de las protestas, se dirigió al país, acompañado por los jefes de la Policía y el Ejército.

La Voz de América entrevistó a Anibal Toruño, director de Radio Darío, para obtener mayores detalles de la violencia que se desató en el país.

El sábado, la emisora mostró en un video en Facebook el estado en que quedaron sus estudios, pero el video fue censurado horas después y no está más disponible.

El Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, CENIDH, reportó 25 muertos en la semana de protestas, y poco después el periodista Ángel Gahona del noticiero Meridiano, en Bluefields, en el sureste del país caía víctima de un impacto de bala en la cabeza mientras reportaba los daños a un cajero automático.

Gahona, estaba informando en Facebook Live sobre las protestas. Sus últimas palabras, capturadas en video fueron: "Esto es lo que se está viviendo en este momento en la alcaldía, podemos ver las puertas y las paredes de lo que es el cajero (automático) quedaron totalmente destruidas, el cajero totalmente destruido...”.

El Cenidh reporta decenas de heridos, desaparecidos y detenidos, así como la censura de cinco canales independientes que retransmitieron los incidentes de violencia.

La Policía Nacional reportó la muerte del oficial antidisturbios Jilton Manzanarez por un disparo de escopeta en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua, así como de un joven estudiante del centro que participa en las protestas, en un deceso que las autoridades calificaron de “pleito de pandillas”.

En el municipio de Tipitapa, 20 kilómetros al noreste de Managua, otro joven sandinista fue asesinado de un balazo, agrega el comunicado de la policía.

“El policía fue asesinado con una escopeta accionada por vándalos en el sector de la Upoli”, explicó la policía.

Llamado a la calma

En Washington, el Departamento de Estado llamó a la calma en Nicaragua.

"Estados Unidos está preocupado por la reciente violencia en Nicaragua que ha llevado a muertes y heridos, incluidos periodistas que cubren las protestas. Llamamos a la calma e instamos a que las manifestaciones sean pacíficas. Las fuerzas de seguridad deben respetar la libertad de asamblea y los derechos de la prensa", declaró un portavoz de la agencia.

La declaración "urge al gobierno de Nicaragua a respetar la libertad de la prensa" y expresa "profunda preocupación por el cierre de múltiples canales de noticias que cubrían la protestas ayer (jueves)".

Otros organismos internacionales como la ONU, exigieron al gobierno de Nicaragua, evitar nuevos ataques contra civiles.​

Cacerolazos

En muchos barrios de Managua sonaron cacerolazos al caer la noche del jueves en repudio a la violencia contra los manifestantes que protestan contra las reformas en diferentes partes del país.

Nicaragua vive una enorme tensión desde que los enfrentamientos empezaron el miércoles en Managua y León, entre quienes rechazan las reformas aplicadas por el gobierno de Daniel Ortega a la seguridad social y seguidores del oficialismo.

Los disturbios alcanzaron el jueves los municipios de Estelí, Masaya y Granada.

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Las imágenes de violencia transmitidas por algunos medios de comunicación independientes y los perfiles en redes sociales de universidades públicas o subvencionadas de Nicaragua _ como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Universidad Nacional Agraria (UNA) la Universidad Centroamericana y la Universidad Politécnica de Nicaragua _ tienen en vilo a la población.

En la UNA, un estudiante de economía perdió el ojo izquierdo, el jueves, después de que brigadas de policías antidisturbios llegaran a reprimir un plantón que impedía el paso en las afueras del plantel. En las refriegas fueron detenidos varios manifestantes, según se aprecia en fotografías, aunque la policía no ha dado cifras oficiales.

La información que brindaban los medios independientes se suspendió antes del mediodía del jueves, después de que el gobierno ordenó a las compañías de cable interrumpir la señal de esos canales.

“En clara violación a la libertad de prensa el presidente Daniel Ortega a través de Telcor (ente regulador de las telecomunicaciones) ordenó a todas la cableras censuraran la señal de 100% NOTICIAS”, escribió el director de Canal 15 de televisión, Miguel Mora, en Facebook.

Naciones Unidas expresa preocupación

La portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, expresó (el viernes 20 de abril) la "profunda preocupación" del organismo por los hechos de violencia registrados en Nicaragua en las protestas, que en ese momento registraban al menos tres muertos y decenas de heridos.

"Además, es preocupante que varios canales de televisión que estaban cubriendo las protestas hayan sido cerrados por el gobierno", destaca el comunicado.

Throssell llamó "a las autoridades nicaragüenses a que actúen para evitar nuevos ataques contra los manifestantes y los medios de comunicación. El Estado nicaragüense debe cumplir sus obligaciones internacionales para garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y asociación. También instamos a los que se manifiestan a hacerlo de forma pacífica", concluye el documento.

Algunos medios de comunicación reportan haber recibido advertencias sobre sus coberturas informativas.

https://www.voanoticias.com/a/nicaragua-violencia-protestas-por-reformas-al-seguro-social/4357428.html

Foto El Nuevo Diario.

NEW YORK (July 11, 2018) — The Human Rights Foundation (HRF) joins the United Nations in condemning the more than 300 state-sponsored killings in Nicaragua. On April 18, protests broke out in the country in response to changes in social security policy. After the first protest-related deaths on April 19, there was a shift in the focus of the protests and activists began demanding the resignation of President Daniel Ortega and calling for electoral reform to restore the country’s democracy. However, on July 7, Ortega announced that he would be ignoring calls for early elections. HRF urges Ortega to cease the violence and heed protesters’ demands in order to restore peace and justice in Nicaragua.

“Faced with country-wide protests by Nicaraguans demanding an end to Ortega’s authoritarian rule, the regime’s response has been brutal,” said HRF Chairman Garry Kasparov. “While Ortega has reluctantly participated in several ‘negotiations’ to end the crisis, the violence by his regime did not stop during the so-called peace talks. Not even an OAS mission to the country, invited by Ortega himself, nor the publication of the OAS’s report strongly condemning the human rights abuses, stopped the violence. As a matter of fact, the violence has only gotten worse. Now, the regime is even carrying out summary executions as a means of intimidation. It is clearer than ever that Ortega and his cronies do not care about the Nicaraguan people and that their only goal is to cement their authoritarian grip on power,” Kasparov added.

Several reports and official statements by international bodies and local NGOs documented criminal actions by the police and pro-Ortega paramilitary groups. On June 22, the Inter-American Commission on Human Rights published a comprehensive report on the human rights violations committed during the protests. Most recently, on July 5, the United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein explicitly deemed the killings “state violence,” holding the regime accountable even as Ortega blamed his opponents for the ongoing violence.

Ortega’s response to the violence has been marked by hypocrisy. On June 2, President Ortega bragged about his government’s involvement in a national dialogue process that had yielded several written and verbal agreements to end the violence. Yet that same day, according to Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), a local NGO, at least 10 people were killed, 72 wounded, 10 missing, and 120 arrested after barricades in the western city of Masaya were violently attacked by local police and pro-Ortega paramilitary groups. ANPDH’s latest report on the situation in Nicaragua published today brings the death toll to 351.

On June 15, a new round of peace talks resulted in a government pledge to “end all forms of violence and threats no matter where they come from.” The next day, six members of a family, including two children, were killed in a fire started by paramilitary groups, with help from the police.

ANPDH also reported that this past weekend, as Ortega blamed “coup-mongers” for the violence, regime-aligned paramilitary groups killed at least 12 people in Diriamba and Jinopete, located south of the country’s capital. Police also reportedly arrested over 200 protesters during these attacks. Similar incidents have been reported throughout the country. In a conversation with HRF, a source in Nicaragua, who asked for anonymity due to fear of reprisal, stated that Nicaraguans are also very worried about the rising number of targeted attacks against civilians, which have become “a government strategy to discourage protests.”

“Although the protests started due to an increase of social security charges, the regime’s brutal response seems to have been the straw that broke the camel’s back for Nicaraguans,” said Centa B. Rek, International Legal Associate at HRF. “Nicaragua has suffered a serious interruption of its already-eroded democratic order under Ortega, and this has come hand-in-hand with serious human rights violations. Freedom of the press and freedom of association, the right to free and fair elections, and the right to protest have been under attack for years,” said Rek. “Ortega’s regime cannot be considered democratic any longer, as it violates the principles set out in the Inter-American Democratic Charter. He has remained in power through a series of unconstitutional reforms and illegal court rulings that did away with presidential term limits. Ortega must accept the OAS’s proposal, call an early general election, and step down peacefully.”

Learn more about the situation in Nicaragua by watching this talk from the 2018 Oslo Freedom Forum.

The Human Rights Foundation (HRF) is a nonpartisan nonprofit organization that promotes and protects human rights globally, with a focus on closed societies.

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PANAMÁ, (AFP).- El gobierno de Panamá rechazó haber violado derechos diplomáticos del embajador de Nicaragua, Antenor Ferrey Pernudi, quien fue llamado a consultas por Managua tras ser desalojado de su residencia debido a un reclamo legal.

"Panamá es muy respetuoso de sus obligaciones internacionales y de los compromisos emanados de la Convención de Viena con respecto a los privilegios e inmunidades que amparan al cuerpo diplomático acreditado en Panamá", afirmó la Cancillería panameña en un texto enviado a varios medios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió así al llamado a consultas el viernes por Managua de su embajador Ferrey tras ser desalojado de su residencia por emplazamiento de las autoridades panameñas.

El martes, la Cancillería panameña había emplazado a Ferrey a desalojar la residencia exclusiva que ocupaba en una zona de la Costa Del Este de la capital, debido a una disputa legal.

El gobierno panameño alega que Ferrey no tiene "ningún derecho real legítimo sobre el inmueble" porque "no posee un título de propiedad ni contrato de arrendamiento".

"Ante decisiones definitivas tomadas por los órganos jurisdiccionales competentes" la Cancillería de Panamá mantuvo "un papel de escucha y mediación entre amabas partes incentivando el dialogo y a llegar a un acuerdo en beneficio de todos", dice la nota.

La Cancillería intervino luego que una abogada panameña denunció haber sido agredida "física y verbal" por Ferrey cuando llegó a desalojarlo.

El gobierno de Nicaragua manifestó que Ferrey "ha sido víctima de agresiones y se le ha violado su residencia diplomática" en Panamá, lo que constituye "una violación al derecho internacional", calificó los hechos de "ilegales" y solicitó al gobierno de Panamá investigar a fondo lo ocurrido.

Managua rechazó la asimismo la versión y aclaró que el inmueble se encuentra bajo la tutela del estado nicaragüense después de haber sido adquirida en el año 2001 por la Sociedad Locery, S.A, cuya apoderada es Fernanda Flores de Alemán, esposa del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002).

Según Managua, la propiedad donde vivía su embajador fue ocupada durante los procesos judiciales que Nicaragua promovió en esa época contra Alemán por una millonaria malversación de fondos públicos, parte de los cuales fueron desviados a la nación canalera.

Aduce también que los abogados de Alemán vendieron de "manera fraudulenta" la vivienda a terceros.

La canciller panameña, Isabel De Saint Malo, manifestó el miércoles que este caso "es un tema legal complejo" pero "daremos los pasos que tengamos que dar" porque "una agresión no es permitida", dijo.